La medida, establecida a través de la Resolución N.º 92/MEDGC/26 publicada el pasado 22 de enero en el Boletín Oficial porteño, tienen como objetivo evitar cierres “imprevistos” y asegurar procedimientos “organizados” que garanticen la reubicación de todos los alumnos matriculados.
El contexto económico y la fuerte caída de la natalidad impactaron de lleno en la matrícula escolar. Un informe oficial advirtió que en 2025 el ingreso a primer grado cayó un 25% en comparación con 2020, una tendencia que, de mantenerse, alcanzará a todo el nivel primario hacia 2028.
Desde ahora, toda determinación vinculada a la cancelación de actividades deberá ser evaluada y contar con el aval previo de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, que encabeza Mercedes Miguel, según establece la normativa.
La crisis económica, el aumento de la morosidad en el pago de cuotas y las secuelas de la pandemia, dejó a numerosas instituciones en una situación frágil. En los últimos años se multiplicaron los casos de escuelas que cerraron o se fusionaron para subsistir, algunas de ellas sin margen para ordenar la documentación o garantizar la continuidad educativa de sus alumnos.
Uno de los episodios más recientes fue el cierre del Instituto Formar Futuro, que tenía 300 familias inscriptas y 75 trabajadores entre docentes y personal no docente. Según trascendió, los propietarios dejaron de responder comunicaciones luego de anunciar que no abonarían los salarios correspondientes a diciembre.
Ante este panorama, el Ministerio porteño estableció una serie de requisitos que deberán cumplir las instituciones que evalúen cerrar cursos o discontinuar su funcionamiento entre los cuales se establecen que los colegios deberán comunicar a la Dirección General de Educación de Gestión Privada cuando enfrenten riesgos de continuidad, mediante un informe que permita recibir acompañamiento y asesoramiento oficial.
Además, deberán presentar una solicitud formal de cancelación con la antelación necesaria para organizar el proceso. Desde el ministerio precisaron que el aviso tendrá que presentarse con al menos cinco meses de anticipación.
La presentación deberá detallar el cronograma previsto, las pautas de comunicación con docentes, alumnos, familias y la comunidad educativa, así como las estrategias para garantizar la finalización del ciclo lectivo y la continuidad escolar en otras instituciones.
También será obligatorio presentar una declaración jurada en la que se asegure la correcta conservación y entrega, en tiempo y forma, de toda la documentación oficial.
El trámite de cancelación deberá iniciarse, como fecha límite, el 31 de julio del año anterior al cierre previsto. De esta manera, se busca evitar situaciones en las que los avisos se realizaban en diciembre o incluso al inicio del ciclo lectivo, con matrículas ya abonadas.
La Dirección General de Educación de Gestión Privada contará con un plazo máximo de diez días hábiles para evaluar la documentación. Solo después de esa instancia, la institución podrá comunicar la decisión a la comunidad educativa.
Los colegios, además, deberán habilitar canales accesibles de consulta y garantizar reuniones tanto con las familias como con el personal docente.
Según datos de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), durante el último año cerraron al menos 15 escuelas privadas en todo el país. Entre 2021 y 2024, el sistema educativo nacional registró una caída acumulada del 2,57% en la matrícula total.
“Sostener la educación privada es cada vez más difícil. Los costos laborales y operativos crecieron de forma significativa y, en muchos casos, los aumentos de aranceles no alcanzaron para compensarlos”, señaló Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.
A nivel nacional, los nacimientos se redujeron cerca de un 53% desde 2014. De acuerdo con proyecciones de Argentinos por la Educación, la matrícula primaria podría caer un 27% hacia 2030, lo que implicaría 1,2 millones de alumnos menos en ese nivel.
