La decisión se concretó en momentos en que la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) se prepara para iniciar mañana a las 12 un paro por 24 horas, que afectará a más de 300 vuelos y perjudicará a más de 37 mil pasajeros de la línea de bandera.

Según confirmaron a NA fuentes vinculadas a la compañía estatal, la negativa de los pilotos se debió a una directiva de APLA, liderada por el sindicalista y miembro del Directorio de Aerolíneas, Pablo Biró, argumentando estar en contra del «achique» de la compañía.

La negativa del traslado le acarrea a Aerolíneas una multa del orden de los 26 mil dólares por cada aeronave, más los gastos derivados del incumplimiento de la devolución de acuerdo con la finalización del contrato. Calculando el mes de demora de entrega, más los posibles daños a reclamar por Lessor por el retraso, la suma que debería afrontar Aerolíneas sería de 800 mil dólares.

Las fuentes descartaron cualquier intención de «vaciamiento» de la empresa, porque los dos aviones que se negaron a trasladar iban «en devolución» junto a un tercero que está en idéntica situación, pero este año ya ingresaron otros tres, por lo que «la flota se mantienen con el mismo número que el año pasado».

En tanto, el sindicato de pilotos, analizaba la posibilidad de sumar nuevas medidas de fuerza a la que concretarán este viernes.

Un servicio esencial

El presidente Javier Milei firmó este jueves la reglamentación del artículo 182 del DNU 70/23, con los lineamientos aplicables a la prestación del servicio esencial de aeronáutica civil comercial.

La decisión fue anunciada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger a través de su cuenta de la red social X.

La implementación de esta medida había sido anunciada tras el paro que llevaron adelante días atrás los gremios provocando un enorme perjuicio a Aerolíneas Argentinas y sus usuarios.

A partir de ahí se argumentó la importancia estratégica de este sector para la conectividad, el comercio y el transporte de pasajeros. En este sentido, según se explicó en su momento, el decreto reglamentario firmado hoy establece medidas para garantizar un «nivel mínimo de servicios ante conflictos laborales» que puedan interrumpir total o parcialmente las actividades.