«Se amplía a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barrasbravas, como aquellos mecanismos que generan un tipo de financiamiento que en muchos casos está avalado por las conducciones de los clubes», al igual que a los dirigentes que permiten esas prácticas, describió la funcionaria en una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Bullrich prometió que, a través del proyecto de Ley Antibarras, «los que generan hechos de violencia no van a poder ingresar a los estadios» de fútbol. «Prohibir la entrada a la cancha implica desarmar la lógica de los negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras», remarcó la funcionaria, que fue respaldada en su cargo por el presidente Javier Milei.

El proyecto de ley fue redactado por el equipo de abogados del Ministerio de Seguridad de la Nación, y busca incorporar al Código Penal el artículo 41, el cual establece un agravamiento de la pena para los barras que transporten armas, revendan entradas de protocolo o generen algún tipo de actividad delictiva no sólo en eventos deportivos, sino en cualquier otro ámbito.

Según Bullrich, actualmente hay «15.000 personas impedidas de ingresar a las canchas argentinas», pero planteó la necesidad de avanzar sobre «los negociados que rodean a la actividad de las barras», como por ejemplo «castigando a los dirigentes que facilitan entradas y micros o el ingreso de elementos contundentes o armas a las canchas», algo que contempla este proyecto.

«Ya bajamos de manera sustancial la violencia, pero esta ley va a seguir bajando la violencia en el fútbol. Es exitoso el programa Tribunas Seguras pero le faltaba ir a fondo para que las barras no vayan a los estadios y desarticularlas como organizaciones criminales», insistió Bullrich.

Por otro lado, se despegó de la prohibición que rige desde hace 12 años para que los hinchas visitantes puedan asistir a los estadios: «Es responsabilidad de cada distrito, no es una cuestión federal; es de las ciudades y las provincias», consideró.

El proyecto, tal como se dijo, busca tipificar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y, por ende, ser tratadas como organizaciones criminales. Se pretende así contrarrestar los vacíos legales que hasta ahora permitían a las barras bravas actuar prácticamente con impunidad.

También hace foco en los dirigentes de los clubes de fútbol y prevé sanciones de cárcel para ellos, en caso de que se demuestre una relación de connivencia o apoyo logístico a los barras.