En contacto con La Mañana, al concejal radical explicó que el proyecto de ordenanza “busca modificar una normativa del año 1986 sobre multas de tránsito, la cual habilita que la Policía pueda cobrar de forma manual y en efectivo las infracciones, como no ocurre en ninguna otra provincial del país”.

“Proponemos con esta iniciativa, que ya tomó estado parlamentario y buscamos que ingrese a comisión para tratarla, no sólo prohibir que la Policía siga cobrando en efectivo, con plata en mano, sino también transparentar el destino de todo lo que se recauda con esta modalidad”, refirió Herrera.

Digitalización

Con el beneficio de la tecnología, sugirió que la ordenanza vigente incorpore la posibilidad de saldar las multas con otros medios de pago, mediante transferencias bancarias o utilizando billeteras virtuales.

“Hay situaciones oscuras que se deben transparentar. No sólo debemos conocer hacia dónde va a parar la plata que se recauda, sino también por qué es la Policía encargada de cobrar el dinero de las multas, cuando en cualquier otro lugar del país esta función corresponde al Municipio”, planteó.

Asimismo, Herrera comentó que su iniciativa «prevé la digitalización de las actas de infracción, para que el conductor penalizado pueda hacer el seguimiento de su caso, incorporando medidas de seguridad como talonarios numerados para evitar fraudes y la obligación de informar detalladamente sobre las actas anuladas y su justificación”.

En tal sentido, dijo que la nueva legislación debe garantizar el derecho de los ciudadanos de solicitar información sobre lo que se recauda y el destino de ese dinero, habilitando la vía judicial cuando no hay respuesta de las autoridades.

Modificar la distribución de fondos

En detalles, el proyecto establece una nueva distribución de los fondos recaudados por medio de las multas, fijados en un 50% para la Municipalidad de Formosa, 20% para la Policía y 30% para un Programa de Educación y Prevención Vial, que brindará informes mensuales obligatorios al Concejo Deliberante sobre la utilización de dichos fondos.

Según Herrera, “esto se debe a que actualmente con el 30% de lo recaudado se queda la Policía, el 50% el Municipio y, en menor medida, sólo un 20% va al programa de educación vial, situación que plantea el interrogante de que existe “una caja” de recaudación que no tiene un fin de prevención vial, sino que más bien persigue la recaudación y se realizan multas a mansalva en determinadas fechas del año”, advirtió.