Las autoridades de Singapur buscan enfrentar la problemática alrededor de las estafas digitales, que durante 2024 presentaron un récord de pérdidas económicas. Ante esto, se analiza un castigo para estos delincuentes a través de latigazos, una práctica que ya se aplica en dicho país para algunos delitos.

La polémica surgió por las palabras de Sun Xueling, ministra del Interior, quien mencionó frente al Parlamento que se «considerará» la chance de aplicar «latigazos para ciertos delitos de estafas, en reconocimiento del severo daño que pueden causar».

Latigazos, la polémica medida para frenar las estafas digitales

De todos modos, la propuesta fue planteada por un diputado el día anterior, como un método para frenar este tipo de estafas que cada vez ganan más terreno.

Según los datos que compartió la Policía de Singapur, las estafas tocaron un nuevo techo durante 2024, con la cifra de 1.100 millones de dólares. Se trata del primer año en que se superan los mil millones en este tipo de delito, que se suele llevar adelante en plataformas y servicios de mensajería en línea.

Singapur contempla actualmente multas y penas de cárcel para delitos de estafas. Sin embargo, podría aplicarse una pena física a este hecho.

Los latigazos por ahora son aplicables a más de 30 delitos en el próspero y tecnológico Singapur, según su código penal, entre ellos por robo, tráfico de drogas, violación y vandalismo, en contra de los dictados de la ONU y de la justicia internacional sobre los castigos físicos.

Singapur, que emplea la horca para los sentenciados a la pena capital, utiliza una fusta de ratán para los latigazos, solo aplicables a hombres menores de 50 años, y con un máximo permitido de 24 flagelaciones continuas.

Los centros de estafas digitales han proliferado en el Sudeste Asiático en los últimos años, vinculados según expertos a mafias chinas, y en los que los trabajadores son torturados para cumplir con las extorsiones y lograr objetivos económicos.

Tailandia, China y Birmania (Myanmar) llevan actualmente a cabo un opaco operativo que ha supuesto la liberación de miles de personas forzadas a trabajar en estos centros en la frontera birmana con Tailandia, donde aún permanecen unos 7.000 a la espera de ser repatriados a decenas de países de origen.