El Gobierno nacional disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, quitándola de la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas, a través del decreto firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo (Economía), Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (Seguridad).

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Con estos datos oficializados, el defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, se contactó con el titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Distrito 22, Ing. Hernán Ramis, expresando este último no poseer por ahora “ningún lineamiento de Marcelo J. Campoy, administrador general de Vialidad Nacional, por lo que se continuará con las actividades básicas y elementales que puedan enfrentar en el actual contexto de un clima muy tenso”.

De igual manera, comentó que se proseguirá en los diferentes subcampamentos ubicados en las ciudades de Clorinda, Las Lomitas, Comandante Fontana y otros.

Al respecto, Gialluca señaló que la Defensoría continuará con las acciones judiciales en curso que ya se encuentran debidamente notificadas y mediante las cuales el juez federal Pablo Morán ordenó a Vialidad Nacional que en un plazo de 90 días repare los tramos peligrosos de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95, mediante tareas de bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas, en ambos sentidos de circulación.

El funcionario provincial afirmó que el decreto firmado por Milei “pone en riesgo la conectividad, la seguridad vial y la integración territorial del país, agregando que el 41% de las rutas pavimentadas ya estaban en mal estado a comienzos de 2024 y que, desde diciembre pasado, no se ha destinado ni un solo peso a obras de infraestructura vial”.

Asimismo, afirmó que la consecuencia es un deterioro acelerado de los 39.937 kilómetros que componen la red nacional.

“Para frenar el colapso, se necesitarían al menos 14.000 millones de dólares, pero el Gobierno nacional eligió otro camino: concesionar 9.154 kilómetros a manos privadas, vía decreto Nº 28/2025, y abandonar el resto. De esta manera, las rutas menos transitadas quedarán sin obras ni mantenimiento, porque no resultan rentables para los privados”, subrayó.

Desconcierto

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales seccional Formosa, Rodrigo Portillo, señaló que si bien se aguardaban cambios desde el Gobierno central, no se imaginaban un cierre total del organismo nacional.

“Pensábamos que iba a haber un achicamiento en el organismo. Se venía dando, nos estaban desfinanciando, pero no pensábamos llegar a esto”, precisó.

Indicó además que desconocen cuál será el futuro del personal y el pase a la órbita del Ministerio de Economía, ya que las autoridades locales no tienen permitido dialogar con los trabajadores.

“Teníamos la incertidumbre de si íbamos a poder fichar hoy (martes) y sí, hasta ahora todo normal”, explicó.

Sobre el organismo en la provincia, precisó que tiene 93 años de presencia y recordó que es “la tercera vez que pasa esto”; y mencionó que el expresidente Fernando De la Rúa ya intentó cerrarla, luego Mauricio Macri emitió un decreto para transformarla en una Sociedad Anónima, pero todo se echó atrás.

Advirtió que el personal permanece en incertidumbre y analizando los pasos a seguir y posibles manifestaciones. “No tenemos una certeza de lo que pasará”, consideró, tras confirmar que durante esta gestión nacional, diez trabajadores del organismo se quedaron sin el sustento diario.