Las medidas fueron dispuestas con la supervisión de la secretaria Vanesa Curcio, en conjunto con la fiscal federal Cecilia Incardona. Hasta el momento hay cuatro personas detenidas y otras tres serán notificadas para presentarse a declaración indagatoria. Los procedimientos se llevan adelante en Lomas de Zamora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pinamar, e incluyen galpones, oficinas y domicilios particulares.

Entre las firmas alcanzadas figuran RDA y Sur Corralón. El objetivo central es el secuestro de documentación contable y material sensible para reconstruir la operatoria financiera bajo sospecha.

Según la investigación, la Justicia logró acreditar la existencia de una estructura interna organizada y jerárquica dentro de Sur Finanzas dedicada a borrar pruebas y ocultar documentación. El expediente avanza sobre el funcionamiento de la compañía y el rol de sus principales responsables, encabezados por Ariel Vallejo, empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

De acuerdo con fuentes judiciales, chats internos de la financiera revelaron que en los primeros días de diciembre se activó un “protocolo de emergencia” para eliminar evidencia. El esquema incluyó el borrado de registros de cámaras de seguridad, retiro de dinero en efectivo, formateo de computadoras, desconexión de sistemas internos y ocultamiento de dispositivos electrónicos.

La investigación también pone el foco en el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien habría enviado un mensaje a “Juan Soler” con la instrucción de ingresar a las computadoras de los cajeros y desconectar los programas, con el objetivo de inutilizar los sistemas informáticos e impedir el rastreo de operaciones financieras hoy bajo análisis judicial.

En paralelo, los dispositivos electrónicos de Ariel Vallejo ya fueron desbloqueados y se encuentran bajo peritaje de la Policía Federal. El trabajo involucra además a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la fiscal Incardona.

A partir de allanamientos previos en la sede de la AFA, en clubes como Banfield y Argentinos Juniors y en la propia financiera, los investigadores detectaron transferencias sospechosas por más de $ 800 mil millones desde 2020. La hipótesis judicial sostiene que las operaciones habrían involucrado a monotributistas sin capacidad económica y empresas fantasma utilizadas para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.

La causa se inició en noviembre tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), que advirtió sobre maniobras que habrían permitido evadir $ 3.327 millones en impuestos y sobre el uso de billeteras virtuales y criptomonedas para blanquear fondos.

En ese contexto, la investigación sostiene que Sur Finanzas habría otorgado préstamos inflados a clubes con problemas económicos, como San Lorenzo, con el presunto objetivo de lavar dinero. La pesquisa también alcanza a empresas constructoras vinculadas al fútbol, entre ellas Construcciones TAR.