La referente de la Red de Infancia Robada, Ailín Narváez, volvió a pronunciarse sobre la investigación por la muerte de Xiomara Portillo y cuestionó con dureza el accionar de la Justicia provincial. Lo hizo luego de su reciente exposición en el Senado, que generó repercusiones políticas y declaraciones del concejal Marcelo Sosa, quien había anticipado posibles acciones legales en su contra.

En el marco de la presentación del proyecto de intervención federal de Formosa impulsada por Francisco Paoltroni, la abogada había denunciado vínculos entre sectores del poder político y el caso Xiomara. En ese sentido, apuntó directamente contra el edil al denunciar la existencia de presuntas fiestas “donde pedían que vayan menores de edad”.

Ante esto, Sosa manifestó que se trataba de una operación política y que tanto Gabriela Neme como Narváez hicieron un “mamarracho” en la Cámara Alta del Congreso de la Nación. El concejal señaló que iba a “querellar y desenmascarar” a ambas por tratar de manchar su imagen e instalar lo que ellas quieren.

Consultada sobre ese anuncio, Narváez aseguró a La Mañana que hasta el momento no recibió ninguna notificación formal. “No me llegó nada y no tengo miedo de responder en la Justicia si corresponde”, afirmó.

Respecto de la causa Xiomara, señaló que continúa acompañando el proceso desde afuera del expediente y sostuvo que existen aspectos de la investigación que siguen sin esclarecerse. En ese sentido, se refirió a los estudios de ADN realizados durante la instrucción y aseguró que, según la información a la que accedió, en dos muestras obtenidas se detectaron perfiles genéticos masculinos que no coincidirían con los imputados actualmente vinculados al caso.

Narváez también cuestionó el trabajo realizado durante la investigación judicial y calificó el expediente como “un desastre”. Entre las irregularidades mencionadas, apuntó a personas que nunca fueron citadas a declarar, presuntas inconsistencias en el manejo de evidencia y denuncias respecto a sobres que habrían llegado abiertos al Cuerpo Médico Forense.

“Todas las líneas de investigación deberían seguirse hasta descartar hipótesis con pruebas. Acá pareciera que se apuntó desde el principio a una sola dirección”, sostuvo.

Al ser consultada sobre las responsabilidades por la falta de avances en la causa, consideró que la decisión final recae sobre el juez interviniente, Pablo López Picabea, aunque remarcó que todos los actores del sistema judicial tienen algún grado de responsabilidad.

La referente también se refirió al vínculo con la familia de Xiomara. Explicó que durante la búsqueda de la joven existió un trabajo conjunto para visibilizar el caso, pero que la relación se deterioró tras una movilización realizada luego del hallazgo del cuerpo. Según relató, desde entonces no volvieron a mantener contacto.

Por otra parte, Narváez cuestionó el carácter de algunas movilizaciones recientes realizadas bajo consignas vinculadas a los reclamos por violencia de género. Afirmó que determinadas convocatorias terminaron adquiriendo un perfil partidario y consideró que casos como los de Xiomara o Agostina Vega deberían mantenerse al margen de las disputas políticas.