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Causa Adorni: la escribana Nechevenko queda al borde de la imputación

Causa Adorni: la escribana Nechevenko queda al borde de la imputación

La escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias de Adorni quedó más cerca de ser implicada en la causa por presuntas irregularidades.

 Nechevenko

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La investigación judicial sobre el patrimonio del vocero presidencial Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo y ahora pone el foco en la escribana que intervino en sus operaciones inmobiliarias. Se trata de Adriana Nechevenko, quien quedó más cerca de ser implicada en la causa por presuntas irregularidades.

La principal sospecha sobre la notaria es no haber verificado el origen de los fondos utilizados en las transacciones vinculadas al funcionario libertario.

La causa investiga distintas operaciones inmobiliarias y préstamos que habrían permitido a Adorni adquirir propiedades. En ese marco, este lunes declararon dos mujeres policías —madre e hija— que confirmaron haber otorgado un préstamo de alrededor de 100 mil dólares con garantía hipotecaria, una operación que, según indicaron, fue propuesta por la propia escribana.

Este testimonio refuerza las dudas sobre el rol de Nechevenko, quien no solo certificó las escrituras sino que también habría intervenido activamente en la articulación de los acuerdos financieros. La falta de controles sobre el origen del dinero aparece como uno de los puntos más sensibles del expediente.

Esta postura podría traerle consecuencias a Nechevenko, especialmente si la investigación —además de apuntar a un presunto enriquecimiento ilícito— incorpora la hipótesis de lavado de dinero. En ese marco, los escribanos son considerados “sujetos obligados” y, conforme a los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) vigentes en Argentina, deben adoptar medidas de control y reunir información específica en cada operación.

Existen diversas normativas que regulan esta actividad, entre ellas la resolución 242/2023 de la Unidad de Información Financiera (UIF), orientada específicamente al trabajo de los escribanos, además de la ley antilavado, que los obliga a reportar operaciones sospechosas.

Asimismo, desde 2022, el GAFI implementó un enfoque basado en el “riesgo”, que exige a escribanos, contadores, entidades bancarias, financieras y otros actores identificar posibles maniobras de lavado de activos.

La investigación ya venía acumulando elementos que ponían bajo la lupa tanto las condiciones de compra de los inmuebles como la procedencia de los fondos. En distintos tramos del expediente se mencionan préstamos de particulares, varios de ellos provenientes de personas jubiladas, lo que profundizó las sospechas sobre posibles maniobras irregulares.

Con este nuevo avance, la causa suma presión sobre el entorno del funcionario y podría derivar en nuevas imputaciones si se comprueba que existieron irregularidades en la validación de las operaciones. Mientras tanto, el expediente sigue escalando y amenaza con convertirse en uno de los casos más sensibles para el Gobierno.

 

Caso Robles: recaratulan la causa y dos imputados quedan libres, acusados de encubrimiento agravado

Caso Robles: recaratulan la causa y dos imputados quedan libres, acusados de encubrimiento agravado

La causa por la muerte del abogado Cristian Robles, hecho que conmocionó a la comunidad formoseña, sumó en las últimas horas un cambio clave en su encuadre judicial. La Fiscalía solicitó la recaratulación para dos de los tres imputados, quienes ahora quedaron acusados por encubrimiento agravado y recuperaron la libertad.

Caso Robles: recaratulan la causa y dos imputados quedan libres, acusados  de encubrimiento agravado | El Comercial

Fuente: https://www.elcomercial.com.ar/

En diálogo con el programa, la abogada querellante Claudia Corbalán, representante de Eugenia Robles Corbalán —hija de la víctima— explicó que el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la doctora Viti, presentó el pedido para modificar la situación procesal de Juan Carlos Cabrera y Fabricio Ferreira.

«La Fiscalía presentó el pedido de recaratulación respecto de dos de los tres detenidos, considerando que la nueva tipificación para ambos debe ser la de encubrimiento agravado, conforme al artículo 277 inciso III», detalló la letrada.

Corbalán recordó que desde la querella, en un primer momento, se había sostenido que ambos podían ser considerados copartícipes del hecho. «El criterio de esta querella era que ellos colaboraron para que continúe la golpiza», afirmó, al tiempo que explicó que, si bien el primer golpe pudo haber sido sorpresivo, posteriormente no intervinieron para frenar la agresión cuando el doctor Robles ya se encontraba inconsciente en el suelo.

«Siempre consideramos que, más allá de que omitieron prestar el debido auxilio, tampoco hicieron algo de manera expresa y firme para que la golpiza no continúe», subrayó.

No obstante, la abogada aclaró que respeta la decisión adoptada en esta nueva etapa procesal. «Respeto el criterio asumido en la actualidad; no estoy haciendo una crítica, sino desmenuzando el camino adoptado desde un principio hasta la fecha», sostuvo.

Con esta modificación, Cabrera y Ferreira —quienes se encontraban con prisión preventiva— recuperaron la libertad y podrán llegar al juicio en esa condición, aunque continúan imputados.

En cuanto al principal acusado, Franco Pérez, la calificación legal no se modificó. Continúa imputado por homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento y permanece detenido con prisión preventiva. «La tipificación del hecho principal es grave, y el delito de encubrimiento agravado también tiene una pena que debe ser considerada en función de esa gravedad», explicó Corbalán.

La abogada también remarcó que existen múltiples registros fílmicos, aportados por comercios de la zona donde ocurrió el hecho, que permiten reconstruir la conducta previa, durante y posterior de los implicados. «Para esta querella está claramente establecido cuál fue el accionar de cada uno», aseguró.

En relación con el cronograma judicial, confirmó que los tres imputados tienen fecha para prestar declaración indagatoria en jornadas consecutivas la próxima semana, comenzando por Pérez. «Ellos tienen la facultad de declarar o abstenerse, y también el derecho de mentir, si así lo consideran. Es lo que establece nuestra ley», concluyó.

El avance de estas instancias marcará un nuevo capítulo en una causa que mantiene en vilo a la sociedad formoseña y a la familia del doctor Robles, que continúa reclamando justicia.

Avanza la causa contra la influencer que usaba los CUIT de gobernadores para importar ropa

Avanza la causa contra la influencer que usaba los CUIT de gobernadores para importar ropa

La Justicia sumó nuevos hechos en la causa y elevó el embargo a $15 millones. Valentina Olguín está acusada de contrabando por simulación, tras realizar compras en el exterior con datos fiscales ajenos.

La causa suma unos 15 hechos de contrabando por simulación y un embargo de $15 millones.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán amplió el procesamiento contra la influencer Valentina Olguín, acusada de haber utilizado el CUIT de varios gobernadores para realizar importaciones de indumentaria desde el exterior mediante maniobras fraudulentas.

La resolución, firmada por el juez Guillermo Díaz Martínez, incorpora nuevos hechos a la causa —unos 15 en total— y mantiene la imputación por contrabando por simulación, aunque sin dictar prisión preventiva. En paralelo, se dispuso ampliar el embargo sobre sus bienes hasta los 15 millones de pesos.

Cómo operaba la maniobra

 

La investigación se inició en 2024 a partir de una denuncia del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien detectó que su CUIT había sido utilizado sin autorización para realizar compras en el exterior. En una primera etapa, el expediente se limitaba a ese caso, pero con el avance de la pesquisa se comprobó que la maniobra también involucró los datos fiscales de otros mandatarios, entre ellos Axel Kicillof, Sergio Ziliotto y Rogelio Frigerio.

Según el fiscal federal Agustín Chit, la imputada simulaba operaciones ante el servicio aduanero para eludir los límites del régimen de importación vía courier. Para ello, consignaba datos fiscales de terceros y evitaba utilizar su propio cupo anual, mientras que los envíos eran recibidos en su domicilio particular, ubicado en el barrio porteño de Núñez. Las compras, en su mayoría indumentaria de una marca estadounidense, eran gestionadas a través de la empresa FedEx.

Durante la investigación se reunieron diversos elementos de prueba, como análisis de dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y datos de antenas telefónicas que ubican a la acusada en los momentos en que se concretaban las entregas. También se incorporó documentación vinculada a los envíos internacionales.

En su resolución, el juzgado rechazó los argumentos de la defensa, que sostenía que los datos habían sido obtenidos al azar en internet, al considerar que la reiteración de las maniobras y el perfil de las personas involucradas descartan un supuesto desconocimiento de la ilegalidad.

El descargo de la influencer

Tras conocerse la causa, Olguín sostuvo que no tuvo intención de cometer un delito y atribuyó lo ocurrido a una “imprudencia” producto del desconocimiento. Según explicó, recibía ropa desde Estados Unidos como parte de colaboraciones con una marca y, ante la frecuencia de los envíos, comenzó a utilizar no solo su CUIT, sino también el de familiares y conocidos.

Valentina Olguín, influencer y cantante argentina, ganó notoriedad como integrante del grupo Dame 5 y luego desarrolló una carrera solista en redes sociales y música.

En ese marco, afirmó que recurrió a datos fiscales ajenos al superar el cupo permitido para compras personales, y negó que se tratara de una estafa o de una actividad comercial. “No ha sido un robo de dinero ni de tarjeta”, aseguró, al tiempo que remarcó que su actividad principal es la música.

También intentó desligar el caso de cualquier connotación política al señalar que los datos habrían sido obtenidos “al azar”. Sin embargo, esa explicación fue desestimada por la Justicia, que consideró que la reiteración de las maniobras y el perfil de los involucrados evidencian conocimiento de la ilicitud.

Olguín ya había sido procesada en mayo de 2025 por hechos de características similares. En caso de ser hallada culpable, el delito de contrabando por simulación prevé penas de entre dos y ocho años de prisión.

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció «prácticas mafiosas» de Claudio Bonadio y Carlos Stornelli

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció «prácticas mafiosas» de Claudio Bonadio y Carlos Stornelli

Cristina Kirchner denunció prácticas mafiosas, cuestionó a la Justicia y no respondió preguntas al declarar ante el TOF 7 en Comodoro Py.

Cristina Kirchner declaró en Comodoro Py por la Causa Cuadernos y denunció irregularidades en la investigación.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar con dureza la investigación en la Causa Cuadernos al declarar ante el TOF 7 en los tribunales de Comodoro Py. Allí calificó el proceso como “mafioso” y apuntó contra el exjuez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Durante su exposición, la exmandataria sostuvo que ambos funcionarios “tuvieron un manejo criminal de la figura del arrepentido” y denunció que en la causa “se fraguan pruebas” con fines políticos y económicos. En esa línea, también afirmó que existen jueces que responden a intereses ajenos al Poder Judicial.

La citación se produjo luego de que el tribunal rechazara los pedidos de nulidad presentados por su defensa y la de otros imputados, entre ellos el exministro Julio De Vido. Los planteos cuestionaban la validez de los cuadernos como prueba y denunciaban presuntas irregularidades en las declaraciones de los imputados colaboradores.

El TOF 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, deberá resolver los planteos preliminares antes de avanzar en el juicio, que investiga una supuesta red de sobornos en la obra pública entre 2003 y 2015.

ADEMÁS: Militantes se concentran frente a la casa de Cristina antes de su declaración

Indagatoria en vivo y definiciones clave
La audiencia de este martes forma parte del inicio de la etapa de indagatorias, con Cristina Kirchner como primera en declarar. También están citados Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa, todos vinculados al expediente.

Durante la jornada, la exmandataria protagonizó un tenso cruce con el tribunal cuando fue consultada sobre si tenía apodos, en uno de los momentos más incómodos de la audiencia.

Cerca de las 10 de la mañana, defendió la obra pública al señalar que fue “tan estigmatizada” y remarcó que genera empleo, además de vincular su desarrollo con gobiernos “populistas”. En ese contexto, volvió a cuestionar la causa y sostuvo que “es un gran disparate”, al tiempo que insistió en que las pruebas fueron manipuladas.

“¿Es creíble todo esto? ¿Cómo me pagaron, cómo fue?”, planteó de manera retórica, y reiteró sus críticas a la instrucción del caso y al accionar judicial.

En el tramo final de su exposición, lanzó una de las frases más contundentes: “Me puedo morir presa con este sistema judicial, pero en algún momento esto se va a terminar”, en referencia a sus cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia.

Además, volvió a apuntar contra el sistema judicial en su conjunto y lo vinculó con el contexto político actual. En ese sentido, cuestionó declaraciones del presidente Javier Milei, a quien acusó de interferir en otro poder del Estado al referirse públicamente a su situación judicial.

También criticó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y advirtió sobre un creciente desprestigio de la Justicia, que, según sostuvo, podría profundizarse en un escenario de deterioro económico.

En otro tramo, reforzó su hipótesis de persecución judicial y apuntó contra el Ministerio Público Fiscal, denunciando supuestas maniobras irregulares en la investigación y vínculos indebidos en la construcción del caso. Finalmente, cuestionó la coherencia de las acusaciones en su contra: “Dicen que favorecía a unos empresarios y ahora que soy socia de todos. Sean más coherentes a la hora de perseguir”, concluyó.

Minutos después de finalizar su declaración, a las 10:08Cristina Kirchner se retiró de Comodoro Py tras prestar indagatoria, en la que no respondió preguntas ni del tribunal ni de la fiscal general Fabiana León.

Junto con su salida, también dejaron los tribunales de Retiro dirigentes políticos como Juan GraboisGustavo ValdésMayra Mendoza y Federico Otermín, entre otros.

Causa $LIBRA: revelan un presunto acuerdo por US$5 millones por el apoyo de Javier Milei

Causa $LIBRA: revelan un presunto acuerdo por US$5 millones por el apoyo de Javier Milei

Se trata de un «memo» que figuraba en el celular del lobista Mauricio Novelli y fue recuperado tras un intento de borrado. El documento detalla tres pagos en tokens o efectivo. Puede ser clave en la investigación judicial.

Mauricio Novelli con Milei: hubo llamadas entre ambos antes del lanzamiento de $LIBRA.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El celular del lobista Mauricio Novelli contiene una anotación sobre un presunto acuerdo por US$5 millones vinculado al apoyo del presidente Javier Milei a la criptomoneda $LIBRA, que puede ser clave en la causa judicial.

Ese “memo”, que peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron tras un intento de borrado, detalla tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto, otro ligado a un tuit presidencial y un último tramo por la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial con Milei. Según publica el diario La Nación, la anotación estaba dirigida al estadounidense Mark Hayden Davis y a sus allegados como forma de pasar en limpio lo acordado entre todos. No queda en claro si lo llegó a enviar a alguien.

“Hola amigos, Este es el acuerdo final discutido con H.», redactó Novelli, en supuesta referencia a Hayden Davis. ”$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto. $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis. $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina», agregó.

El texto habría sido redactado entre fines de octubre y noviembre de 2024, antes del viaje a Buenos Aires de Davis, y menciona como contraprestación el anuncio público del Presidente en redes sociales y un acuerdo presencial en la Casa Rosada. Hasta ahora, no hay pruebas de que ese supuesto acuerdo haya sido validado por algún integrante del gobierno.

Según los peritajes, también detectaron más de 20 comunicaciones telefónicas y mensajes entre Novelli y Karina Milei, así como al menos 14 llamadas con el asesor presidencial Santiago Caputo y contactos con el economista Demian Reidel, en torno al lanzamiento y la caída de $LIBRA.

La secuencia reconstruida muestra que, el 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento, Novelli buscó comunicarse con Karina y luego con Milei desde Dallas, logró hablar con el Presidente minutos antes del tuit y, casi en simultáneo, se activó el sitio VivaLaLibertadProject para canalizar eventuales inversiones.

A las 19.01 de esa jornada, Milei publicó en X un mensaje de apoyo a $LIBRA que incluía el contrato necesario para invertir, bajo la forma de un código alfanumérico de 44 caracteres que hasta entonces no estaba disponible públicamente, de acuerdo con los registros incorporados al expediente.

 

Causa AFA: la IGJ pidió designar veedores para revisar documentación

Causa AFA: la IGJ pidió designar veedores para revisar documentación

El organismo solicitó al Ministerio de Justicia una veeduría informativa para analizar balances, vínculos comerciales y el proyecto de la Universidad de la AFA.

Claudio Chiqui Tapia

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Inspección General de Justicia le pidió al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la intención de poder de acceder a información de contable y financiera de la institución.

El pedido se formalizó a través de una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, luego detectar “graves irregularidades” en la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia.

El requerimiento hace hincapié en los balances cerrados al 30 de junio de 2025, en la auditoría integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), y la revisión de las relaciones comerciales de la entidad con personas y empresas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que “la IGJ avanza con la solicitud de veedores en la AFA debido a la gravedad de las irregularidades”.

Por su parte, la respuesta desde la AFA llegó del abogado Gregorio Dalbón: “La IGJ puede fiscalizar. Lo que no puede es convertir una facultad de control en una herramienta de presión política”.

La resolución ordena que los veedores “obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada” por la AFA, además de verificar la posible existencia de “otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos” de la entidad.

Mientras que se incluye la presentación de un informe sobre los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, la auditoría abarcará toda la documentación relacionada con la creación, puesta en marcha y equipamiento de la Universidad de la AFA (UNAFA).

Además, la IGJ pidió auditar los vínculos comerciales y financieros de la AFA con TourProdEnter LLCSur Finanzas y otras firmas relacionadas, para reconstruir el flujo de dinero y las rendiciones de cuentas.

El pedido se da luego de que el organismo rechazara el intento de la entidad de mudar su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que mantuvo a la asociación bajo su órbita de control. Ahora, la designación de los veedores dependerá de la decisión final del Ministerio de Justicia.

Causa Sur Finanzas: 14 allanamientos y cuatro detenidos por borrar pruebas en la causa ligada a la AFA

Causa Sur Finanzas: 14 allanamientos y cuatro detenidos por borrar pruebas en la causa ligada a la AFA

Ordenan 14 allanamientos en la causa Sur Finanzas y detienen a cuatro sospechosos por intentar borrar pruebas del presunto lavado.

Claudio “Chiqui” Tapia

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó este jueves 14 allanamientos simultáneos en el marco de la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA, luego de que la Justicia comprobara la existencia de un plan sistemático para borrar pruebas y obstaculizar la investigación por presunto lavado de activos.

Las medidas fueron dispuestas con la supervisión de la secretaria Vanesa Curcio, en conjunto con la fiscal federal Cecilia Incardona. Hasta el momento hay cuatro personas detenidas y otras tres serán notificadas para presentarse a declaración indagatoria. Los procedimientos se llevan adelante en Lomas de Zamora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pinamar, e incluyen galpones, oficinas y domicilios particulares.

Entre las firmas alcanzadas figuran RDA y Sur Corralón. El objetivo central es el secuestro de documentación contable y material sensible para reconstruir la operatoria financiera bajo sospecha.

Según la investigación, la Justicia logró acreditar la existencia de una estructura interna organizada y jerárquica dentro de Sur Finanzas dedicada a borrar pruebas y ocultar documentación. El expediente avanza sobre el funcionamiento de la compañía y el rol de sus principales responsables, encabezados por Ariel Vallejo, empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

De acuerdo con fuentes judiciales, chats internos de la financiera revelaron que en los primeros días de diciembre se activó un “protocolo de emergencia” para eliminar evidencia. El esquema incluyó el borrado de registros de cámaras de seguridad, retiro de dinero en efectivo, formateo de computadoras, desconexión de sistemas internos y ocultamiento de dispositivos electrónicos.

La investigación también pone el foco en el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien habría enviado un mensaje a “Juan Soler” con la instrucción de ingresar a las computadoras de los cajeros y desconectar los programas, con el objetivo de inutilizar los sistemas informáticos e impedir el rastreo de operaciones financieras hoy bajo análisis judicial.

En paralelo, los dispositivos electrónicos de Ariel Vallejo ya fueron desbloqueados y se encuentran bajo peritaje de la Policía Federal. El trabajo involucra además a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la fiscal Incardona.

A partir de allanamientos previos en la sede de la AFA, en clubes como Banfield y Argentinos Juniors y en la propia financiera, los investigadores detectaron transferencias sospechosas por más de $ 800 mil millones desde 2020. La hipótesis judicial sostiene que las operaciones habrían involucrado a monotributistas sin capacidad económica y empresas fantasma utilizadas para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.

La causa se inició en noviembre tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), que advirtió sobre maniobras que habrían permitido evadir $ 3.327 millones en impuestos y sobre el uso de billeteras virtuales y criptomonedas para blanquear fondos.

En ese contexto, la investigación sostiene que Sur Finanzas habría otorgado préstamos inflados a clubes con problemas económicos, como San Lorenzo, con el presunto objetivo de lavar dinero. La pesquisa también alcanza a empresas constructoras vinculadas al fútbol, entre ellas Construcciones TAR.

 

Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo por corrupción y asociación ilícita

Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo por corrupción y asociación ilícita

El juez Sebastián Casanello dispuso la medida, sin prisión preventiva. Son 18 los imputados en total, entre funcionarios y empresarios, señalados por negociaciones incompatibles y sobreprecios.

La Justicia dictaminó que dentro del ANDIS se aplicó una lógica de privilegios y sobreprecios que beneficiaba a empresas interesadas en contratar con el Estado.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Justicia dio un paso clave en la causa que investiga actos de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, de Diego Spagnuolo, quien supo ser el titular del organismo.

La medida también afecta al exfuncionario Diego Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete, a su hija Ornella Calvete y a otros 14 imputados. A Spagnuolo se lo acusa de delitos graves como asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación contra la administración pública nacional, disponiéndose además un embargo sobre sus bienes por más de 200 millones de pesos.

Para el magistrado, la investigación ”permitió reconstruir un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos».

En el fallo, Casanello advirtió que “la Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”. La investigación detectó que dentro del organismo se aplicó una lógica de privilegios y sobreprecios que beneficiaba a empresas interesadas en contratar con el Estado. En este esquema, la figura del empresario Miguel Calvete aparece como un actor central que habría traficado influencias para facilitar estos negocios ilícitos.

El juez mencionó que “dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”. También apuntó que estas prácticas se extendieron fuera de la agencia, involucrando a Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, y su círculo cercano, con manejos alejados de la transparencia que debe regir en las compras públicas. El magistrado indicó que “ha aparecido evidencia de prácticas similares alejadas del buen gobierno y de un manejo transparente de la gestión de Estado”. Entre la lista de procesados también figura el médico Pablo Atchabahian, quien tuvo funciones en el organismo durante el año 2018.

Giro en la causa por la golpiza a un joven en Pinamar: un amigo confesó el ataque y fue detenido

Giro en la causa por la golpiza a un joven en Pinamar: un amigo confesó el ataque y fue detenido

Lo hizo después de que la Policía detectara inconsistencias entre su relato y las imágenes de las cámaras de seguridad. Thiago, de 17 años, sufrió un hematoma cerebral no quirúrgico y debió ser trasladado a un hospital del conurbano.

Thiago fue trasladado al Hospital Bicentenario

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

Un adolescente de 17 años que estaba de vacaciones con su familia en Pinamar sufrió una golpiza de parte de un grupo de jóvenes. El ataque ocurrió entre las 5.30 y las 6 del sábado, en en el estacionamiento del muelle de la ciudad balnearia.

La víctima, Thiago, se encontraba junto a dos amigos, también menores de edad, al lado del auto de sus padres, que pescaban en la zona. Después de la golpiza, el adolescente fue hasta el muelle para alertar a su familia, que lo trasladó en su vehículo al Hospital Municipal de Pinamar. Allí fue atendido e internado hasta la tarde del sábado, cuando los médicos resolvieron su derivación por la gravedad del cuadro.

Thiago sufrió un hematoma cerebral no quirúrgico y fue derivado al Hospital Bicentenario, de Esteban Echeverría, para recibir una atención especializada. «Tiene hundimiento y fractura en el cráneo, toda la cara hinchada, los dos ojos los tiene casi cerrados. Le dieron una paliza terrible”, comentó su madre.

Giro en la causa

Al principio, la versión aportada por los amigos de Thiago señalaba que el adolescente había sido agredido por una patota en el estacionamiento del muelle. Según su testimonio, un grupo de seis jóvenes comenzó a insultarlos, luego se acercó y los atacó a golpes, focalizándose sobre todo en Thiago.

Sin embargo, la Sub DDI de Pinamar detectó inconsistencias entre los relatos de los amigos y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona. Y al cabo, los dos menores reconocieron que no existió un ataque de terceros. El mayor de ellos admitió haber golpeado a Thiago tras un altercado entre ambos.

Después de la confesión, la Policía detuvo al joven, de 17 años, que será indagado en las próximas horas por el fiscal Juan Pablo Calderón.

«Me mintieron. Estoy triste y decepcionado con ellos. Los conozco de nacimiento a los dos”, lamentó el padre de Thiago en una entrevista televisiva. «Estaban jugando de mano y el otro (el menor detenido) se calentó y le pegó a mi hijo”, agregó.

También contó que habló con el agresor y le pidió explicaciones por la golpiza: “Le pregunté por qué no me lo dijo de entrada y se puso a llorar”.

 

la Justicia de España archivó la denuncia contra Julio Iglesias por presunto abuso sexual

la Justicia de España archivó la denuncia contra Julio Iglesias por presunto abuso sexual

La Fiscalía española archivó la denuncia contra Julio Iglesias al sostener que los hechos denunciados ocurrieron fuera del país y no tiene jurisdicción.

Julio Iglesias fue denunciado por dos ex empeladas por agresiones y tocamientos.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La investigación se había iniciado a partir de la denuncia de dos exempleadas del cantante, quienes aseguraron haber sufrido tocamientos, insultos, humillaciones y abusos mientras trabajaban para él durante 2021. Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que los hechos señalados se habrían producido en República Dominicana y Bahamas, y que Iglesias no reside en España ni tiene allí su centro de vida, intereses o actividad, más allá de poseer propiedades inmobiliarias.

Además, la Fiscalía remarcó que el artista, de 82 años, no mantiene una vinculación personal o profesional suficiente con el territorio español que habilite la jurisdicción local para avanzar con la causa.

En el marco del expediente, el abogado defensor de Iglesias, José Antonio Choclán, solicitó formalmente ser tenido por parte en la investigación y pidió el archivo de la denuncia por falta de jurisdicción. Días después, la defensa requirió una copia de la denuncia, trámite que finalmente fue concedido.

Si bien la investigación periodística de «elDiario.es» que dio a conocer el caso el 12 de enero, la Fiscalía ya había comenzado a analizar la situación desde los primeros días del mes.

Los testimonios de las ex empleadas de Julio Iglesias

Las denuncias incluyeron los testimonios de dos mujeres identificadas con nombres ficticios, «Rebeca» y «Laura». Según sus declaraciones, los episodios denunciados habrían ocurrido en propiedades del cantante, entre ellas una villa ubicada en Punta Cana, donde convivían varias empleadas domésticas.

Rebeca relató que Iglesias la hacía concurrir a su habitación luego de finalizar su jornada laboral y que allí sufría abusos físicos y sexuales sin su consentimiento. En su testimonio, describió un clima de control, miedo y sometimiento, y aseguró que algunas situaciones ocurrían en presencia de otra empleada con un rol jerárquico superior.

Laura, por su parte, denunció haber sido besada y manoseada sin su consentimiento tanto en la playa como en la piscina de la vivienda. Señaló que el entorno laboral estaba atravesado por discusiones, reacciones de enojo y un fuerte control sobre la vida cotidiana del personal.

Ambas denunciantes coincidieron en describir un esquema de vigilancia permanente, amenazas de despido y restricciones sobre la alimentación, la intimidad y el uso de teléfonos celulares, en un contexto que, según afirmaron, se sostenía a partir del poder y la intimidación ejercidos por el cantante. Con la decisión de la Fiscalía, la causa quedó archivada en España por falta de competencia territorial.