Alberto Fernández, tras su procesamiento en la causa Seguros: «Me persiguen por peronista»

«Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el “riesgo” que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros», comenzó su posteo.

Y agregó en su cuenta de X: «Entiendo que la decisión judicial fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso. Cómo alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación».

El juez Sebastián Casanello procesó Alberto Fernández en el marco de la Causa Seguros y además le aplicó un embargo sobre sus bienes que asciende a $14.634.220.283. La investigación es por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

Casanello también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su mujer, María Cantero, la histórica secretaria de Fernández.

Durante el gobierno de Fernández, la empresa Martínez Sosa acumuló contratos con19 organismos públicos y recibió $366.635.744 en comisiones. En el listado aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros.La cifra crece a $ 416.546 .348 si se suman las comisiones cobradas en 2024 ($ 21.732,54 en 2020, $ 29.750.137 en 2021, $ 156.679.420 en 2022, $ 228.982.902 en 2023, y $ 1.112.155 en 2024).

La Causa Seguros cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Julián Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez se disponía a decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.

Desde entonces, Casanello decidió revisar toda la documentación, solicitar nuevas pruebas, y darle su impronta a la causa. Además, profundizó otras líneas de investigación.

Una prueba fundamental para la causa fue un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y presentado a mediados de mayo. Ese documento, de 662 páginas, analizó la facturación de Alberto Fernández mientras estuvo al margen de la función pública. Los expertos de la PROCELAC revelaron que el ex presidente le facturó a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales entre 2010 y 2019.

La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de su asunción. En total, Fernández le facturó a la empresa de su amigo “Hecky” un total de $4.257.000, tomando en cuenta los valores de esa época.