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El Congreso Provincial del Partido Justicialista Formosa sesionó este viernes en el estadio Centenario para renovar sus autoridades, estableciéndose como nueva presidenta a Graciela Parola, hasta 2030. En la oportunidad, el partido renovó su compromiso de trabajar fuertemente para que en el 2027 nuevamente el peronismo sea Gobierno a nivel nacional.
En primer lugar, se entonaron los Himnos Nacional Argentino y Marcha a Formosa. Con la presencia de sus autoridades partidarias, el PJ Distrito Formosa comenzó a sesionar, con el actual diputado provincial y jefe del bloque justicialista, Agustín Samaniego, como orador principal.
Con todos los pasos legales cumplidos, incluso con la nómina de los congresales electos certificada por el Juzgado Federal de Formosa, con competencia electoral, fueron designadas las autoridades de la mesa directiva del Congreso Provincial Justicialista.
De esa manera, por unanimidad se aprobó la renovación de cargos para el período 2026-2030. En primer orden, se eligió a María Graciela Parola como su presidenta. La nómina incluye al nuevo vicepresidente primero, Esteban Máximo Ramírez; la vicepresidenta segunda, Grisel Noemí Cardozo; secretario general, Armando Felipe Cabrera; secretarios Elba Ruth Carnero y Juan Héctor Coronel; y tesorera, Fermina Clara Ramírez.
Tras ser ungida en sesión partidaria, la actual diputada nacional Parola agradeció al presidente de Partido Justicialista Distrito Formosa, Gildo Insfrán, así como a “cada uno de los compañeros y las compañeras” por acompañar la propuesta de renovación de cargos en el orden provincial.
“Como guardiana del Modelo Formoseño”, aseguró que se siente “protagonista de esta transformación de Formosa de la mano de este modelo político que conduce el compañero gobernador Insfrán”.
Acto seguido, se continuó con los demás puntos del orden del día a tratar en esta jornada deliberativa. Así, por un lado, el Tribunal de Disciplina del PJ quedó conformado con los siguientes nombres: Elena María García, Luis Sugasti, Paola Leonor Casco, Jesica Soledad Milatich, Víctor Fernando Colcombet y Roberto Omar Lovey.
Además, se aprobó la designación de los miembros de la Junta Electoral del PJ Distrito Formosa, para el período 2026-2030. Sus integrantes son Antonio Arce, Inés Beatriz Campuzano, Leandro Benítez, Yanina Estigarribia, Oscar Alberto Puppo, Patricia Lozano, Julio César Vargas Yegros, Celeste Benítez León y Diego Majda Ravano.
Asimismo, los apoderados del PJ elegidos por el Congreso fueron Armando Felipe Cabrera, Andrea Prati y Lorenz Olivier Boonman; y se aprobó también la memoria y balance del ejercicio correspondiente al 2025.
Por último, como congresales nacionales por el PJ Distrito Formosa fueron designados: en primer término, Gildo Insfrán; y seguidamente: Graciela Andrea Acosta, Miguel Ángel Medina, Inés Beatriz Lotto, Carlos Sotelo, María Teresa González, Antonio Arce, Norma Galeano, Lorenzo Gustavo Schmidt, Analía Heizenreder, Fermín Caballero, Angélica García, Isabelino Idoyaga.
También Otilia Britez, Mario Brígnole, Estela del Carmen Escobar, Roberto Vizcaíno Braida, Cristina Mirassou, Armando Felipe Cabrera, Yanina Insfrán, Rafael Navas, Gloria Giménez, Jorge Jofré, María Graciela de la Rosa, José Miguel Ángel Mayans, Blanca Denis, Antonio Ferreira, Teresa Galván, Jorge Oscar Ibáñez, Paula Ramírez, Carlos Hugo Insfrán y María Graciela Parola.
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Las inmediaciones del Congreso de la Nación se verán fuertemente afectadas desde este mediodía por una movilización masiva en contra de las reformas a la Ley de Propiedad Privada, a pesar de que se desestimó el artículo sobre la venta de tierras a extranjeros, encabezada por la UTEP, la CGT, las dos CTA, el peronismo bonaerense y sectores de izquierda.
La jornada de protesta, convocada en rechazo al proyecto oficialista sobre propiedad privada, provocará importantes complicaciones de circulación en el área céntrica de la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio de Seguridad de la Nación desplegara el habitual operativo comandado por las fuerzas federales bajo el protocolo antipiquetes. Aunque la concentración principal en la Plaza Congreso está pautada para las 12:00 —con el pico de afluencia estimado hacia las 17:00—, las autoridades recomendaron al público evitar el ingreso vehicular en el perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y la Avenida 9 de Julio.
Las áreas más afectadas sobre la vía pública se concentran en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Asimismo, diversas columnas que parten desde la Avenida 9 de Julio avanzan de forma directa a través de la Avenida de Mayo hacia la zona del Palacio Legislativo.
Debido al despliegue de las sectores opositores en las calles porteñas, un total de 22 líneas de colectivos tuvieron que alterar sus itinerarios habituales: 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168. Para las unidades que transitan en sentido norte-sur, los desvíos operan por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba, mientras que el flujo de este a oeste utiliza como vías alternativas las avenidas Jujuy y 9 de Julio.
El funcionamiento del transporte subterráneo registra modificaciones operativas directas en la zona de influencia de la marcha. En la Línea A, la estación Congreso permanece totalmente cerrada al público, al tiempo que las paradas de Sáenz Peña y Pasco operan con restricciones preventivas ante la concentración de manifestantes.
Por su parte, en la Línea B se preeve un elevado caudal de pasajeros en la estación Callao, mientras que en la Línea E los accesos peatonales del nodo Entre Ríos presentan dificultades de circulación. La movilización de la fecha constituye la antesala de la tradicional marcha por San Cayetano prevista para la jornada de mañana, que unirá el barrio de Liniers con la Plaza de Mayo.
Recomendaciones para quienes deban circular por la zona
Evitar en lo posible acercarse en vehículo particular al área de Congreso y sus alrededores.
Consultar en tiempo real el estado de subtes y colectivos antes de iniciar el viaje.
Prever mayores demoras tanto en el transporte público como en traslados a pie por los vallados y retenes policiales.
Utilizar vías alternativas como las avenidas Belgrano, Independencia, Córdoba, Jujuy y 9 de Julio.
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que la entidad remite “casi diariamente” a las autoridades nacionales pedidos de diferentes medidas para asistir al sector PyME. Además, solicitó que el Congreso trate el proyecto de ley de Comercio Vecinal Fronterizo y otras iniciativas que favorecerían a emprendedores de Formosa que se ven afectados por la venta ilegal de productos provenientes de Paraguay.
En este sentido, el referente empresarial se refirió a diferentes proyectos de ley propuestos por la CAME, como una reforma del Régimen de Cabotaje, para reducir la solicitud de excesiva cantidad de documentación a las PyMEs al momento de exportar mercaderías.
“Nosotros tenemos dos proyectos de ley presentados en la Cámara Baja y uno en el Senado, que es el de Régimen de Cabotaje, que ya perdió estado parlamentario”, acotó.
Asimismo, precisó que en Diputados se encuentra el proyecto de Comercio Vecinal Fronterizo, que tiene estado parlamentario y que “cuenta con apoyo de legisladores del oficialismo y de la oposición, quienes iban a conformar una Mesa con nosotros para trabajar esa iniciativa y hasta ahora no nos convocaron”.
Cabe mencionar que el proyecto de Comercio Vecinal Fronterizo es un instrumento legal que apunta a facilitar las operaciones comerciales de pequeña envergadura entre localidades fronterizas, a fin de lograr un mejor control y un mayor desarrollo económico en un marco de legalidad, que permita desalentar el contrabando.
“También está en Diputados nuestro proyecto de reforma del Procedimiento Tributario, que ya perdió estado parlamentario y debería ser presentado de nuevo”, apuntó Hryniewicz, quien también es secretario de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa.
“Le enviamos correspondencia al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien no nos recibe, solicitándole modificaciones en materia tributaria y en lo vinculado con el Procedimiento Tributario, porque los pequeños comerciantes no pueden solventar los servicios de un estudio contable para tener los impuestos ‘al día’”, explicó Hryniewicz a este Diario.
“Lamentablemente, nuestros legisladores y los funcionarios del Gobierno nacional están mucho más preocupados por sus intereses político-partidarios o por sus privilegios”, opinó.
En otro orden, Hryniewicz valoró que el Movimiento Nacional PyME (Monapy) haya acompañado, junto con otras entidades, la presentación en el Senado de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia para las micro, pequeñas y medianas empresas.
“Si nos ponemos a analizar lo que dicen las diferentes agrupaciones de dirigencia empresarial, todas llegan a la misma conclusión que nosotros. Todos tenemos los mismos objetivos. Peleamos por las PyMEs y las mipymes”, aseveró.
“Hay un contexto muy particular. No me gusta ‘meterme’ en el plano político, pero es lo que sucede. No es sólo a raíz del actual Gobierno nacional. Es un problema histórico”, agregó.
“Desde que decidí participar en la gestión gremial empresaria en el año 2000 hasta la fecha, salvo algunas cuestiones temporales, los reclamos siguen siendo los mismos. Históricamente, las PyMEs de todos los sectores siempre estuvimos ‘en boca de todos, pero en manos de nadie’”, planteó.
A su vez, recalcó que a lo largo de los años, los dirigentes que ocuparon importantes cargos políticos “nunca se han preocupado por establecer reformas profundas, que realmente nos permitieran orientarnos hacia un objetivo común, que es el de prosperar, crecer, traer tecnología y generar nuevas fuentes de trabajo e incluso más calificadas”.
“Salvo con la denominada ‘Ley PyME’, que fue sancionada durante la gestión de Mauricio Macri, que finalmente nunca se reglamentó y ya ha ‘desaparecido’, estamos igual que en el año 2000, nada más que hoy, con el contexto nacional e internacional actual, la situación se agravó más en términos económicos y financieros”, declaró.
“Hoy, existen cierres de empresas calificadas no sólo por la cantidad de trabajadores que quedan sin fuente laboral sino por la importancia que revisten para las demás compañías industriales y comerciales, como es el caso concreto del cierre de la única empresa de la Argentina que elaboraba negro de humo, materia prima esencial para la producción del caucho, en la localidad de Campana (Provincia de Buenos Aires)”, manifestó Fabián Hr
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La continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abrió una fuerte discusión entre los bloques aliados al oficialismo en el Congreso. El PRO, la UCR y el MID ya dieron señales de cansancio y esperan definiciones del presidente Javier Milei.
La novedad es que ahora el PRO salió a pedir explícitamente la cabeza del ministro coordinador, y amenaza con dar quórum en la Cámara de Diputados en la sesión pedida por la oposición para el 23 de junio, en torno a un temario de seis expedientes que abarca desde informes básicos, pasando por pedidos de interpelación y hasta mociones de censura.
«No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días», contestaron desde el bloque que preside Cristian Ritondo.
Desde la UCR bajaron un poco el tono del desafío abierto por el PRO y señalaron en diálogo con este medio que habrá una reunión del interbloque Fuerzas del Cambio (que incluye también al MID y a Karina Banfi) para definir una postura común entre el martes y el miércoles de esta semana.
En la fallida sesión del 13 de mayo pasado, que la propia oposición solicitó su suspensión por falta de apoyos, el PRO, la UCR y el sector más colaboracionista de Provincias Unidas habían decidido no dar quórum para no levantar olas con el Gobierno nacional, pero mucha agua corrió debajo del puente desde entonces.
La presentación de la declaración jurada de Adorni y sus extravagantes justificaciones patrimoniales en televisión, sumado a los reparos previos expresados por la jefa de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, desataron una tormenta perfecta que amenaza su continuidad como jefe de Gabinete.
El descontento no solo unificó al peronismo y a los bloques de izquierda, sino que fracturó el blindaje aliado del Gobierno.
Espacios dialoguistas, gobernadores provinciales e incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel se sumaron a los reclamos para exigir que el ministro rinda cuentas de manera inmediata, al considerar que las explicaciones vertidas en televisión habían hecho agua y hasta podrían constituir una confesión de parte del delito de omisión maliciosa por esconderle al fisco ahorros millonarios durante años.
Al pedido de sesión en Diputados, que lleva las firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y monobloques se sumó el viernes pasado un proyecto de resolución presentado por el peronismo del Senado para interpelar y tratar una moción de censura contra Adorni.
El interbloque Popular presidido por José Mayans solicitó la convocatoria a una «sesión urgente» en la que se trate esta resolución que, de ser aprobada, obligue al ministro coordinador a comparecer a la Cámara alta en un plazo máximo de «siete días» para abordar la moción de censura.
Para poder aprobar los pedidos de interpelación y las mociones de censura contra Adorni, la oposición precisa reglamentariamente, tanto en Diputados como en el Senado, una mayoría especial de dos tercios, ya que los expedientes llegarán al recinto sin dictamen.
Se trata de mayorías actualmente inalcanzables para la oposición, por lo que la expectativa real de cara a esas sesiones es primero reunir el quórum y luego aprobar el emplazamiento de las comisiones respectivas para destrabar el tratamiento efectivo de los proyectos.
Esto obligaría al oficialismo a abrir el debate en los cuerpos de trabajo que hoy mantiene bloqueados, prolongando la exposición pública del escándalo.
Sin aprobar ese recurso en el recinto, la oposición no podría jamás tener oportunidad de abordar los proyectos en las comisiones, ya que éstas están conducidas por representantes del oficialismo.
Todo este recorrido que implicaría aprobar los emplazamientos y luego dictaminar los proyectos en las comisiones insumiría no menos de un mes.
Para entonces, el Gobierno podría ya haber sentenciado la suerte de Adorni, quien cada día que pasa complica aún más su situación en medio del escándalo por inconsistencias y omisiones en sus declaraciones juradas, en el marco del sospechoso incremento patrimonial que experimentó desde que es funcionario público.
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El diputado de Encuentro Federal, Miguel Pichetto reclamó este jueves al Congreso de la Nación que declare nula la condena a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner por la causa Vialidad, al sostener que «pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad».
En un posteo de la red social X, el legislador aseguró que la Justicia «alteró las reglas desde el primer día: se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar».
«Tampoco hubo imparcialidad: los jueces de la Corte debieron apartarse, porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada», remarcó.
En ese sentido, Pichetto consideró que «ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados». «Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes», indicó.
Según el diputados, «la conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común».
Señaló, asimismo, que «el Congreso tiene atribuciones fundamentales que es tomar juramento al Presidente, validar el resultado electoral». «Y también hay facultades inherentes del Congreso que puede entrarle, también, por el principio de gravedad institucional a un fallo de la Corte y declarar la nulidad», agregó.
«Esta es una exploración que todavía no se ha desarrollado y sé que es un argumento que va a levantar polvareda porque entro en el principio de división de poderes, pero creo que son atribuciones inherentes del Congreso», insistió.
En otro orden, Pichetto sostuvo que Javier Milei «es un presidente de transición con una crueldad increíble, con una falta de sensibilidad humana», de «sociabilidad» y «de vínculos». «Es un gobierno de inexpertos, de endeudadores seriales», disparó el exsenador nacional, y agregó que es un gobierno «de una letalidad extraordinaria» que «está destruyendo el alma de los argentinos».
Por otro lado, pidió el armado de un «gran frente de unidad nacional, que incluya al peronismo y a otros sectores», inclusive exlibertarios. De este gobierno de una letalidad extraordinaria, está destruyendo el alma de los argentinos.
«Yo creo es que no hay que ponerle ningún sesgo ideológico al peronismo. El peronismo, en sí mismo, es un movimiento nacional que contiene diversas expresiones, y tiene alianza, además, con los sectores populares. Y siempre el peronismo ha pensado la política desde el punto de vista de un frente, un frente político», analizó.
«Hay que encontrarse porque está en juego la Argentina y está en juego la gente. Si el Gobierno actual se queda cuatro años más, destruyen todo. Y hay que trabajar en un programa productivo, en un capitalismo nacional productivo», sugirió.
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El colectivo Ni Una Menos volverá a movilizarse este miércoles 3 de junio en distintos puntos del país, con epicentro frente al Congreso Nacional. La convocatoria, prevista para las 17, tendrá como principales consignas “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” y “Justicia por Dulce y Agostina”, en referencia a los recientes asesinatos de las jóvenes Agostina Vega, de 14 años, en Córdoba, y Dulce Candia, de 17, en Misiones.
La jornada se desarrollará al cumplirse 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos, realizada el 3 de junio de 2015 tras el femicidio de Chiara Páez. Aquella movilización masiva se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y dio origen a uno de los movimientos sociales más importantes de la Argentina reciente.
Desde la organización señalaron que la protesta busca visibilizar la persistencia de los femicidios y las desapariciones de mujeres y niñas, además de reclamar políticas públicas y respuestas estatales frente a una problemática que continúa vigente. Según organizaciones especializadas, en el país ocurre un femicidio cada 31 horas.
En la antesala de la movilización, referentes de Ni Una Menos realizaron una conferencia de prensa para exigir justicia por Agostina Vega, cuyo cuerpo fue encontrado el fin de semana pasado tras varios días de búsqueda. Desde el colectivo remarcaron que su asesinato “no es un caso aislado” y alertaron sobre la continuidad de las violencias machistas.
El crimen de la adolescente generó una fuerte conmoción social y reavivó los reclamos a pocos días de una nueva edición del 3J. Organizaciones feministas, sindicatos, agrupaciones sociales y organismos de derechos humanos confirmaron su participación en la marcha.
En el marco del aniversario, la Asociación Civil La Casa del Encuentro difundió un informe elaborado por el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, que revela la magnitud de la problemática en los últimos once años.
De acuerdo con el relevamiento, entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género. Del total, 3.073 fueron femicidios de mujeres y niñas, 78 transfemicidios, 4 lesbicidios y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
El informe también expone que gran parte de los crímenes ocurrieron en ámbitos cercanos a las víctimas: 978 asesinatos se produjeron en la vivienda de la mujer, mientras que 798 ocurrieron en hogares compartidos con el agresor.
Además, se constató que 436 víctimas habían realizado denuncias previas y que 188 femicidas tenían medidas cautelares de protección vigentes, lo que evidencia las dificultades para prevenir estos hechos aun cuando existían antecedentes de violencia.
Otro dato alarmante es el impacto sobre las infancias: en estos once años, 3.840 hijos e hijas quedaron afectados de manera directa por estos crímenes, convirtiéndose en víctimas colaterales de la violencia de género.
La presidenta de La Casa del Encuentro, Ada Beatriz Rico, sostuvo que detrás de cada caso existe una historia que merece ser escuchada y acompañada. “Frente a la red de miedo y silencio que construye el agresor, levantemos una red de amor, solidaridad y apoyo”, expresó.
Por su parte, desde la Fundación Instituto Natura señalaron que todavía persisten desafíos para reconocer las distintas formas de violencia y fortalecer las redes de contención. Sin embargo, destacaron que tres de cada cuatro personas consideran que existe una responsabilidad colectiva para erradicar la violencia de género.
La movilización de este miércoles volverá a poner en agenda los reclamos vinculados a la prevención de las violencias, el acceso a la Justicia y el acompañamiento a víctimas y familiares, en una fecha que continúa siendo un símbolo de lucha, memoria y concientización.
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La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el martes una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de rutas por parte de sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La nueva norma, que anula la ley 1.341 conocida como Ley Copa y que regía desde octubre de 2020, ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario. Se trata de la vía para que Paz pueda declarar un estado de excepción.
De esta manera, según los legisladores, se permitirá una intervención más amplia de las Fuerzas Armadas en el control de los conflictos sociales que impiden el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos principalmente en La Paz, El Alto y Oruro.
La sesión, que duró más de cinco horas, se efectuó de manera virtual porque varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, debido a las protestas que mantienen aislada a esa región del resto del país.
El impulsor de la anulación de la ley 1.341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es «criminal» y que tuvo el fin de «desnaturalizar» los estados de excepción frente a situaciones que generan «caos y anarquía» en medio de las protestas sociales.
Según Alarcón, esa norma resguardaba a los «grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo», por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada.
El diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará «mayor violencia» y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán «desprotegidas».
Bolivia ingresó en su cuarta semana consecutiva de conflictividad social, con movilizaciones lideradas por organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), además de sectores campesinos, indígenas, mineros, fabriles y juntas vecinales. El martes, los bloqueos de carreteras alcanzaron los 150 puntos todo el país.
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El Gobierno Nacional giró a la Cámara de Diputados los proyectos denominado «Super Riggi» y de Lobby para regular la gestión de intereses privados ante funcionarios.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el viernes pasado que se iban a girar cuatro proyectos al Congreso, de los cuales los referidos a Ludopatía y derogación de la ley de Etiquetado Frontal ya fueron enviados al Senado y ahora se suman otros dos a diputados.
Se trata del proyecto denominado «Super Rigi» que es uno sistema de promociones fiscales para el desarrollo de grandes emprendimientos. .
A diferencia de la ley vigente, el nuevo sistema busca grandes inversiones incluirá la cadena de litio; la manufactura de baterías; el Hidrógeno verde o de bajas emisiones; el GNL onshore; los SMR (reactores nucleares pequeños y medianos); la Producción de Paneles Solares y Turbinas Eólicas; los Vehículos 100% eléctricos; y nuevos productos petroquímicos;entre otros.
A diferencia del RIGi, el impuesto a las ganancias se reducirá al 15 %y una amortización acelerada del 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes, y una exención de derechos de exportación.
En materia de seguridad social, se fija una alícuota única del 10% para contribuciones patronales de nuevas relaciones laborales.
El Súper RIGI ofrece estabilidad normativa por 30 años en todos sus incentivos, blindándolos contra futuras leyes más gravosas.
Además, garantiza el acceso al arbitraje internacional (CIADI, CCI o CPA) para resolver disputas con el Estado Nacional, reconociendo estos derechos como inversiones protegidas por tratados internacionales. El plazo de adhesión es de cinco años, con opción a uno de prórroga.
En tanto el proyecto para regular los «Lobby» tendrá que transparentar las gestiones que realizan las empresas o sus intermediarios antes los funcionarios y legisladores, para evitar un conflicto de intereses.
Uno de los puntos claves es la creación de un registro digital obligatorio para lobistas, exigiendo declaraciones juradas sobre intereses representados y la publicidad de las agendas de funcionarios.
También fija las incompatibilidades entre ex funcionarios que deseen realizar gestiones de lobby.
Quedan incluidas las gestiones de lobby aquellas realizadas para la elaboración, derogación, e implementación de leyes, licitaciones, concesiones, o asignación de subsidios o beneficios fiscales para alguna actividad.
La transmisión central y la Mesa Ejecutiva Nacional se coordinaron desde la sede partidaria tradicional de la calle Matheu, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, logrando conectar de manera simultánea a congresales peronistas de todos los rincones del país.
El cónclave se dio en continuidad a lo analizado previamente por el Consejo Nacional, donde se debatió” con preocupación la crítica situación política y social que atraviesa la Argentina, marcada por los efectos devastadores de la política económica implementada por Javier Milei, sus desaciertos en política exterior y la reforma electoral que impulsa el Ejecutivo nacional”.
Durante el desarrollo del orden del día, el cuerpo de congresales dio cumplimiento a los puntos establecidos en la convocatoria oficial, respecto a la Comisión de poderes; aprobación de estados contables correspondiente al ejercicio 2025; intervención del PJ distritos Jujuy y Salta y el informe de la normalización en Misiones.
De esta manera, desde el congreso se resaltó que “el peronismo nacional, bajo la conducción de Gildo Insfrán en el máximo órgano deliberativo, consolidó un marco de unidad y debate interno para posicionar al Partido Justicialista como la principal alternativa de defensa para el pueblo argentino”.