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Advierten que los pensionados por invalidez que no se presenten a la citación pueden perder sus beneficios

Advierten que los pensionados por invalidez que no se presenten a la citación pueden perder sus beneficios

Se busca verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con los requisitos exigidos al momento de la solicitud de la pensión

Advierten que los pensionados por invalidez que no se presenten a la citación  pueden perder sus beneficios - Diario La Mañana

Fuente: /https_www.lamañanaonline.com.ar
La Defensoría del Pueblo de la Provincia a los beneficiarios de Pensiones no contributivas (PNC) que están recibiendo en sus domicilios una notificación formal, con la fecha, hora y lugar donde deben presentarse para la revisión, que dicha evaluación médica se llevará a cabo en la Clínica Sarmiento, ubicada en la calle Sarmiento Nº 244, a cargo de los Prestadores de la obra social PAMI.

Al respecto, el organismo indicó que la medida busca verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con los requisitos exigidos al momento de la solicitud de la pensión, por tal motivo, los convocados deberán presentar, la documentación con la que solicitaron originalmente la misma, pudiendo también, anexar documentación actualizada, de nuevas patologías devenidas a lo largo del tiempo.

Luego de la revisión, cuentan con 30 días para subir los documentos escaneados, junto al informe del médico que realizó la auditoría, a la plataforma Trámite a Distancia (TAD) en https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio, o pueden enviarlo por correo a la calle Hipólito Yrigoyen N° 1447 de CABA, o presentarlo en las oficinas de ANSES – Formosa, cuando se habilite el turno específico para ello.

La Defensoría explicó que los controles comenzarán el 18 de marzo y que los beneficiarios tienen la posibilidad, en el caso de encontrarse imposibilitados de comparecer o presentarse, de justificar debidamente dicha circunstancia, mediante un correo electrónico a: [email protected] con plazo hasta 24hs antes del día de la citación, adjuntando la documentación que justifique la incomparecencia, con copia de su DNI, frente y dorso.

Advirtió además que, de presentarse a la citación, sin la correspondiente documentación o por incomparecencias no justificadas, las personas corren el riesgo de perder el beneficio de la pensión.

Por su parte, la asesora letrada de la Defensoría, Dra. María Eugenia Pereyra, manifestó como otra opción para presentar la documentación respaldatoria es utilizar las que figuran en los Centros de Atención del ANDIS en cada provincia.

Sin embargo, en Formosa no existe a la fecha un responsable de la ANDIS designado oficialmente, ni el personal requerido para llevar a cabo la tarea antes mencionada, por lo que, desde la Defensoría del Pueblo, se solicitó tanto al ministro de Salud de Nación, como al titular de la ANDIS, “que normalice las oficinas en nuestra provincia, frente a este proceso de auditorías y en beneficio de las personas intimadas, pues resulta incomprensible, que la institución que intima a los pensionados no tenga a la fecha una persona que aparezca como responsable en nuestra jurisdicción y que pueda en consecuencia, asesorar debidamente a los mismos”.

Añadió que, si bien desde ANSES tienen conocimiento de la medida, recién a partir del 18 de marzo con las primeras citaciones, se conocerá la dinámica del proceso, ya que aún no está habilitado el software de turnos para ello.

La Defensoría del Pueblo consideró también que es positivo que existan varias vías de descargo, ya que en la ANSES pueden colapsar los turnos a nivel operativo.

Al respecto, el ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, aclaró que, se auditará a las pensiones por invalidez laboral bajo la Ley Nº 13.478 y el Decreto Nº 432/97, quedando excluidos los menores de edad y las personas que ya fueron auditadas durante el 2024, llevando tranquilidad a todas aquellas personas que reciban cartas documentos o intimaciones por parte de la ANDIS.

Gialluca ofreció a estas personas acercarse a la sede del organismo Provincoial y los días miércoles en el Centro de Inclusión Digital del Barrio Lote 111, donde serán asesoradas correcta y gratuitamente, para que cumplan con los controles necesarios y no pierdan sus pensiones que hoy son utilizadas especialmente para adquirir medicamentos y alimentos”.

Resolución oficial sobre discapacidad generó fuerte rechazo

Resolución oficial sobre discapacidad generó fuerte rechazo

«Idiota, imbécil y débil mental» fueron los términos utilizados por Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para indicar quienes pueden pedir una pensión por invalidez.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dio marcha atrás con una polémica resolución

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El Gobierno nacional decidió dar marcha atrás este jueves con una polémica resolución que definía criterios para evaluar el otorgamiento de pensiones por discapacidad, en la que utilizaba términos como «débil mental», «idiota» e «imbécil».

La Resolución 187/2005 fue publicada el pasado 16 de enero en el Boletín Oficial, pero el Anexo I, en el que se incluían esos términos ofensivos para referirse a la salud mental, trascendió en las últimas horas y causó indignación entre las familias y las organizaciones vinculadas a la discapaciddad.

A través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Ministerio de Salud cambió la denominación legal de quienes pueden pedir una pensión por invalidez. Allí se definían grados de invalidez bajo términos que dejaron de usarse hace 50 años, como «idiota», «imbécil» o «débil mental».

Tras la polémica, la Andis anunció a través de un comunicado que se trató de un «error», y que tanto la resolución como su anexo serán modificados.

De acuerdo con el organismo, en la normativa se utilizaron «términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para definir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados».

Según afirmó la Andis, el texto publicado en la resolución «no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta».

La medida especificaba distintos rangos de coeficiente intelectual (CI), a partir de los cuales se establecerían criterios para el otorgamiento de pensiones por discapacidad.

«Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo; 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias; 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias; 60-70 (débil mental moderado): lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual; 70-90 (débil mental leve): cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercan al normal», dice la normativa que el gobierno se comprometió a dar de baja.

 

 

Discapacidad: el Gobierno dará de baja más de 120 mil pensiones

Discapacidad: el Gobierno dará de baja más de 120 mil pensiones

La Agencia Nacional de Discapacidad llevará adelante un control sobre las asignaciones por incapacidad. La medida afectará a miles de beneficiarios.

En la provincia de Buenos Aires se encuentran 678.237 mil personas con discapacidad registradas

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El Gobierno nacional continua con los fuertes recortes y ahora tomó la decisión de desarrollar un exhaustivo proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Esta medida derivará en la eliminación de entre 120 mil y 160 mil beneficios en las próximas semanas.

Cabe recordar que en julio ya se había confirmado la baja de unas 60 mil pensiones. Ahora la idea es ir más a fondo con el objetivo del Poder Ejecutivo de asegurar que “no se le retire el beneficio a quien realmente lo necesita”.

En concreto, la Agencia Nacional de Discapacidad llevará adelante un control sobre las asignaciones que se entrega a beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

Desde la agencia creen que entre el 30% y el 40% de los 400.000 pensionados auditados podrían perder los haberes que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Esto significa entre 120 mil y 160 mil personas.

El motivo principal son las irregularidades de una gran parte de quienes cobran el mencionado refuerzo económico. Los principales afectados son aquellos cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, quienes poseen bienes significativos (como vehículos, propiedades, o incluso aviones y embarcaciones) o quienes cuentan con un empleo formal.

También se encuentran bajo revisión aquellos casos en los que la documentación presentada para justificar la discapacidad es sospechosa o claramente fraudulenta, como  lo demuestran las radiografías de animales que fueron usadas para obtener pensiones.

De acuerdo a los datos estadísticos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad (a noviembre de 2023), hay 1.680.723 total de personas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. En tanto, del total, 260.605 tienen una prórroga del CUD activa.

En la provincia de Buenos Aires se encuentran 678.237 mil personas con discapacidad registradas, lo que representa el 40% del total del padrón a nivel nacional. A su vez, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aloja el 9,7%, poco más de 360 mil personas.

Con suma preocupación, desde el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (Coprodis) manifestaron su rechazo a la iniciativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

A través de un comunicado, la entidad bonaerense comentó: “El organismo nacional pretende que cada organismo financiador determine, de manera independiente, los valores arancelarios de las prestaciones, propiciando así un sistema fragmentado y desigual”.

En esa línea, indicaron “que ese tipo de accionar vuelve a atacar los derechos de las personas con discapacidad, y es por esto que expresamos nuestro apoyo y compromiso en la defensa de los mismos”. De igual modo, remarcaron que “las personas con discapacidad tienen derecho a un sistema unificado, coherente y equitativo”.