Uno de los artículos incorporados establece que todos los habitantes tienen derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica. Este derecho queda consagrado como garantía constitucional que el Estado y la comunidad deben respetar y proteger. Además, se especifica que el ejercicio de los derechos no puede ser abusivo, violento ni impedir el goce de otros derechos individuales o colectivos.

“No significa la ausencia total de conflicto, sino la capacidad de resolverlos con respeto y diálogo. Sin paz social no hay democracia sólida. Este artículo consagra el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica como garantía constitucional”, explicó el convencional Hugo García, quien ofició como miembro informante del proyecto.

También se incorporó un nuevo capítulo denominado “Seguridad Pública”, que reconoce a la seguridad como una construcción colectiva que garantiza el pleno ejercicio de derechos. El Estado asume las políticas de seguridad en el marco de un abordaje integral de políticas públicas, con la Policía de la Provincia como eje del sistema y actuando conforme a las leyes y lineamientos vigentes.

La presentación de este artículo estuvo a cargo del convencional Rodrigo Vera, quien detalló: “Es necesario avanzar en la seguridad pública en tres facetas: la concepción que se tiene de seguridad en la provincia, el rol de las políticas públicas y el funcionamiento del sistema de seguridad. La seguridad no es sólo resultado del accionar policial sino de políticas integrales”.

Durante el debate, la convencional Bernarda Benítez, del Frente Amplio Formoseño, cuestionó algunos de los planteos expuestos por Vera y advirtió: “Deberíamos evitar palabras ambiguas. Está bien que la Policía tenga lineamientos, pero deberíamos darle un término de vanguardia”.

Otra de las reformas aprobadas por la Convención establece el reconocimiento de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático. La Constitución Provincial garantizará su existencia y personería jurídica, resaltando su rol como expresión del pluralismo y como orientador de la voluntad popular: sólo estos organismos y los frentes electorales podrán proponer candidatos a cargos.

Finalmente, se incorporó un artículo que garantiza la paridad de género en las candidaturas a cargos legislativos provinciales, municipales y en comisiones de fomento. La medida también se aplicará a la conformación de órganos internos de los partidos políticos, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y representación en el ámbito político.

“Esta decisión ratifica el protagonismo alcanzado por las mujeres en la vida política de la provincia. La paridad de género no es sólo una cuestión de justicia social, sino una condición necesaria para fortalecer la democracia, mejorar la calidad de las decisiones públicas y garantizar la igualdad de derechos”, expresó la convencional Karina Giménez, quien dio a conocer la propuesta ante todo el recinto.
Desde la oposición, las convencionales del radicalismo Bernarda Benítez y Lucía Aguayo reclamaron la misma paridad para los poderes Ejecutivo y Judicial.

Al finalizar, el convencional Vera destacó que los despachos sobre partidos políticos y paridad de género fueron acompañados por el convencional Montiel, de la Unión Cívica Radical, demostrando que es posible llegar a consensos importantes en el marco del debate respetuoso y plural entre las diversas fuerzas políticas.

Si bien La Libertad Avanza se había retirado la semana pasada del recinto afirmando que no regresaría, este lunes se vio la presencia de Guillermo Evans, quien participó de la discusión en la primera mitad de la sesión, y tras declarar que lo aprobado es de nulidad absoluta porque se le dio despacho pese a no haber pasado por la Comisión, anunció que en ese momento finalizaba su participación en la Convención.