“No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”, sostuvo Braida. Y agregó en esa línea: «Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves”.

El obispo de La Rioja envió también un mensaje al presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsores del proyecto para reducir la edad de imputabilidad: «Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas. Es una posición que no es sólo de la Iglesia, sino también de muchas organizaciones».

Las palabras de Braida surgieron mientras el Gobierno se prepara para dictaminar en Diputados el proyecto de ley que propone reducir de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden ser juzgados penalmente. El próximo martes se reunirá un plenario de comisiones y los libertarios confían en llevar la iniciativa al recinto, gracias a un acuerdo con sectores de la UCR, el PRO, el MID y otros bloques aliados.

En un principio, el proyecto impulsado por el Ejecutivo proponía llevar la edad de imputabilidad a los 13 años, aunque el texto consensuado la fijará en 14.

La iniciativa del gobierno nacional plantea, entre otras cosas, una condena máxima de 20 años para los casos más graves y posteriores medidas alternativas dispuestas por el tribunal. A su vez, las penas van desde los tres a seis años «para casos donde no haya víctimas fatales, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas”.

Sobre los adolescentes alcanzados por la ley, el proyecto determina que quedará «prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua». «La regla es aplicable -aclara- aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes».

A fines de marzo pasado, la Comisión Episcopal de Pastoral Social que preside Braida ya había dejado en claro su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad. En aquel momento reclamó «asumir cambios profundos» que atiendan las causas de la «realidad que nos interpela».

“Desde hace muchos años, la sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y permitiera a todas las familias vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo. Esto ha provocado innumerables problemas, entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil”, señaló.

La Comisión Episcopal citó datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal-Sistema Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad de la Nación, que revelan que “los menores no son los que más delitos cometen” y que “los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total”.