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El Consejo de la Magistratura lleva a cabo una investigación contra el juez federal n°4 de Rosario, Marcelo Bailaque, por presuntamente haber favorecido al capo narco Esteban Alvarado en una de las causas más grandes en su contra. En pleno proceso de averiguaciones, se supo que el magistrado contrató al hijo del contador del jefe criminal.

Alvarado, uno de los criminales más poderosos de Rosario y jefe de uno de los clanes más importantes de la ciudad, fue condenado en 2019 por el asesinato de un prestamista y por asociación ilícita con empresas vinculadas al narcotráfico. Entre estas compañías se encuentra Logística Santino SRL, cuyo contador, Gabriel Mizzau, firmaba los estados financieros. Mizzau también gestionaba otras finanzas personales y empresariales, tanto para Alvarado como, presuntamente, para el propio Bailaque, según rumores judiciales.

La situación compromete aún más al magistrado federal debido a que el hijo del contador, Sebastián Mizzau, trabajó en su juzgado federal desde 2017 sin haber participado en un concurso, según dio a conocer el periodista Germán de los Santos de La Nación. El contador de Alvarado y el juez mantiene una relación estrecha y de larga data, puesto que fueron compañeros de secundaria. De hecho, comparten continuamente reuniones con amigos.

En un diálogo con ese mismo medio, el magistrado alegó que “desconocía” que Mizzau era quien llevaba las cuentas de Alvarado; por el contrario, aseguró que tomó conocimiento de esta situación ante la consulta periodística.

Por su parte, Sebastián Mizzau — que se desempeñaba como sumariante en el juzgado— fue ascendido hace un mes y medio, por lo que pasó a trabajar en el Tribunal Oral Federal N°3.

La denuncia contra el magistrado fue presentada en 2022 cuando varios fiscales provinciales solicitaron al Consejo que evalúe el trabajo Bailaque en la causa, ya que en el año 2013 rechazó los pedidos de intervención telefónica a la banda de Alvarado, algo que retasó significativamente el avance de la investigación.

El pedido formal de la intervención estuvo a cargo de los fiscales Marcelo Di Giovanni y Santiago Marquevich. Sin embargo, los funcionarios pudieron avanzar con esta solicitud 11 meses después y en el marco de otra causa: el asesinato del jefe narco Luis Medina.

La demora en la autorización de estas intervenciones es uno de los puntos claves en el proceso que se inició contra Bailaque. En este contexto, Emilio Lencina, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Rosario, cuestionó la demora en el accionar del magistrado. Por su parte, Bailaque sostiene que actuó conforme a su rol de juez de Garantías, evaluando la solidez de las solicitudes de intervención.

En su defensa, el magistrado argumenta que aprobó la mayoría de las medidas solicitadas y que los fiscales no apelaron las decisiones que fueron desestimadas. El juez federal también hizo hincapié en que fue él quien procesó a Alvarado y llevó su caso a juicio, que resultó en una condena de 15 años de prisión por narcotráfico en 2022.

Sin embargo, fue el propio contador de Alvarado quien gestionó la habilitación municipal de la empresa de la empresa Sagrado Corazón de María SRL. Esta firma que junto con Logística Santino SRL. se encontraban en manos de los testaferros de Alvarado y figuraban en la causa que llevaba Balique.

El caso ha suscitado reacciones en la escena política y judicial. El diputado de la provincia de Santa Fe Carlos del Frade exigió explicaciones y solicitó que el juez aclare su relación con Gabriel y Sebastián Mizzau, debido a su conexión con Esteban Alvarado. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura continúa evaluando las posibles responsabilidades del juez Bailaque, en un proceso que podría llevar a sanciones o a su destitución.