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Las recientes declaraciones públicas surgidas a partir de una entrevista publicada por Infobae reavivaron el debate en torno al proyecto de la Nueva Planta de Purificación de Uranio (NPU) en Formosa. En ese contexto, el ingeniero Julio Aráoz, exsecretario de Ciencia y Tecnología de la provincia y expresidente de Dioxitek S.A., salió a fijar una posición en defensa del proyecto nuclear argentino.

En tal sentido, Aráoz consideró “fundamental leer con atención” las expresiones del doctor Rolando Granada, físico formoseño de reconocimiento internacional y con una extensa trayectoria en el sector nuclear nacional. Según explicó, Granada abordó la situación del sector y del proyecto NPU “desde una mirada estrictamente profesional, con autoridad técnica y con profundo conocimiento del sistema nuclear argentino, al que ha aportado durante toda su carrera”.

En ese marco, el extitular de Dioxitek afirmó coincidir plenamente con la visión de Granada respecto a la importancia estratégica del proyecto NPU, al remarcar que se trata de una iniciativa que forma parte del Plan Nuclear Argentino, aprobado oportunamente por unanimidad en el Congreso de la Nación. “Ese solo dato deja en claro que no se trata de un capricho ni de una decisión aislada, sino de una política de Estado”, sostuvo.

Desde el punto de vista técnico, Aráoz destacó que la solidez del proyecto está ampliamente demostrada a través de la supervisión permanente de organismos internacionales que regulan la actividad nuclear con fines pacíficos. Entre ellos, mencionó a la ABACC (Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares) y a la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), cuyas auditorías periódicas garantizan el cumplimiento de los más altos estándares internacionales de seguridad y control.

El actual ministro de Educación también subrayó la legitimidad social del proyecto, al recordar que la iniciativa fue sometida a audiencias públicas en la provincia de Formosa, realizadas en el marco de la Ley General del Ambiente. “Estas instancias permitieron que la comunidad accediera a información precisa y que el proyecto obtuviera la licencia social necesaria para su ejecución”, explicó.

En el plano jurídico, Aráoz remarcó que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo de relevancia institucional, en el cual quedó acreditado que el Estado nacional, el Estado provincial y la empresa Dioxitek presentaron toda la documentación exigida conforme a las normas vigentes. “Esto reafirma la legalidad del proyecto y derriba cualquier intento de cuestionamiento infundado”, resaltó.

Asimismo, recordó que el proyecto NPU se financia íntegramente con aportes del Tesoro Nacional y que, al tratarse de una empresa estatal con participación minoritaria de la provincia de Mendoza, todas las decisiones vinculadas al proyecto se encuentran debidamente documentadas. “Las actas de directorio, los informes gerenciales y la intervención permanente de la comisión fiscalizadora de la SIGEN dejan constancia de cada paso dado”, señaló, al tiempo que consideró que se trata de una “excelente oportunidad para una investigación periodística seria y responsable”.

“Cada vez que se frena el plan nuclear, no se ataca a una provincia, se ataca al futuro del país”

Aráoz fue particularmente crítico al referirse a las sucesivas paralizaciones del proyecto, al recordar que la obra, iniciada en 2015 y con fecha prevista de finalización en 2020, fue detenida durante la gestión de Mauricio Macri, bajo la conducción de Julián Gadano. Según explicó, esa decisión implicó “costos exorbitantes, reingenierías innecesarias, interrupciones sucesivas y un grave perjuicio para el sistema nuclear”.

Además, señaló que el mismo funcionario regresó al sector nuclear durante el actual Gobierno nacional y dispuso una segunda paralización del proyecto, llegando a Formosa “exclusivamente para despedir a casi el 90% de los profesionales y trabajadores de la planta”. Para Aráoz, estas decisiones “no son aisladas” y responden a una política que “atenta contra el sistema científico-tecnológico y la soberanía argentina”.

También cuestionó a sectores locales que históricamente se opusieron a la construcción del polo científico-tecnológico y al proyecto NPU, demostrando que persisten en su insolvencia para reconocer lo que beneficia a Formosa y a su Pueblo. “Resulta llamativo que se demonice la actividad nuclear mientras en la provincia funciona un Centro de Medicina Nuclear que salva vidas y demuestra, en los hechos, los beneficios de estas tecnologías aplicadas con fines pacíficos”, expresó.

Aráoz fue aún más contundente al poner el foco en el costo político, económico y estratégico de volver a frenar el proyecto. “La verdadera discusión no es técnica ni ambiental, porque eso ya fue saldado con auditorías internacionales, fallos judiciales y audiencias públicas. La discusión es política”, afirmó.

En ese sentido, se preguntó cuánto le cuesta a la Argentina “destruir deliberadamente un proyecto con más del 80 por ciento de avance, financiado por el Tesoro Nacional, agregar valor a los recursos estratégicos del país y generar empleo calificado”. Y agregó: “Cada paralización no sólo significa millones perdidos, también es impedir la incorporación de más de 90 trabajadores altamente capacitados, formados por el sistema educativo público formoseño”.

Para el exsecretario de Ciencia y Tecnología, la reiteración de estas decisiones “no es casual ni inocente”, sino que responde a “una lógica de vaciamiento del sistema científico-tecnológico nacional y de renuncia explícita a la soberanía”. “Detener el proyecto NPU es aceptar que la Argentina vuelva a depender del exterior en un área estratégica, resignando décadas de inversión, conocimiento y desarrollo propio”, sentenció.

Finalmente, Aráoz advirtió que “cada vez que se frena el plan nuclear, no se ataca a una provincia ni a una empresa estatal, se ataca al futuro del país”. Y concluyó: “Defender el proyecto NPU es defender una Argentina con industria, ciencia y autonomía estratégica. Lo demás, es retroceder”.