La convocatoria se anticipó tras diversas presiones internas por una respuesta más contundente ante el avance legislativo de la iniciativa. En distintos gremios cobró fuerza la idea de que una movilización aislada no es suficiente para manifestar su rechazo al proyecto que será tratado en los próximos días por la Cámara de Diputados.

El triunvirato que conduce la CGT, integrado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, estaba considerando convocar al Consejo Directivo a mitad de semana. Sin embargo, la insistencia de varios sindicatos para avanzar con una huelga contra la reforma laboral obligó a ajustar el cronograma y adelantar la reunión. Hoy por la mañana se efectuó y en un contexto de grandes presiones sindicales se decidió llevar a cabo el paro.

El sector dialoguista, que representa la mayoría en la conducción de la central obrera, había mantenido hasta ahora una estrategia más moderada, basada en negociaciones con bloques parlamentarios y contactos con funcionarios del gobierno para intentar realizar modificaciones en el texto. Este enfoque convivía con la decisión oficial de acelerar el tratamiento para sancionar la ley antes del 1° de marzo.

El último paro de la CGT contra la gestión de Javier Milei fue el 10 de abril de 2025 y tuvo un acatamiento dispar, debido a la decisión de la UTA de no participar de la protesta. Aquella medida de fuerza se llevó a cabo en reclamo de paritarias libres frente a la presión oficial de acotar los aumentos salariales a un 1% mensual, y un aumento en los presupuestos de salud y educación tras el paso de la motosierra libertaria.

Reforma laboral: los puntos cuestionados

En la CGT consideran importante haber logrado que se mantengan las cuotas solidarias y el nivel de contribuciones patronales destinadas a las obras sociales sindicales, lo cual asegura el financiamiento del sistema de salud gremial. Sin embargo, la central obrera se opone a otros aspectos del proyecto, sobre todo los relacionados con indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones y regulaciones del derecho colectivo.

A su vez, cuestiona las restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales y las limitaciones para realizar asambleas en los lugares de trabajo.

En un documento interno, la CGT expresó que se opone «en su totalidad» a la iniciativa, argumentando que «es contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional». La central fundamentó su postura en el principio de progresividad de los derechos laborales y en la necesidad de que cualquier modificación surja de un acuerdo tripartito entre el Estado, los empleadores y los trabajadores.

Presión del ala dura

El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que incluye gremios como la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, anunció un paro con movilización al Congreso para el día en que se trate el proyecto legislativo en el Senado. Esta postura presiona a la conducción de la CGT desde su flanco más combativo.

Asimismo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) podría convertirse en un aliado de este sector, proponiendo avanzar con medidas progresivas por actividad en lugar de una protesta única. Y en paralelo al debate sindical y político, abogados de la CGT comenzaron a analizar el texto aprobado por el Senado, con la posibilidad de una eventual judicialización si la ley se sanciona.