En el escrito, los abogados de la conductora rechazaron los fundamentos del pedido de detención preventiva y cuestionaron una de las principales pruebas del expediente: el video en el que Cirio aparece manipulando fajos de dólares. La defensa pidió que ese material sea excluido por considerar que no reúne los requisitos necesarios para ser incorporado como prueba judicial.

El planteo fue presentado por el abogado Claudio Caffarrello, quien sostuvo que su clienta tomó conocimiento del pedido de detención a través de los medios de comunicación. A partir de ello, los representantes legales se presentaron ante el juzgado para fijar posición y solicitar que no se adopte ninguna medida restrictiva de su libertad.

Los defensores argumentaron que no existen riesgos procesales que justifiquen una prisión preventiva. En ese sentido, afirmaron que Cirio siempre estuvo a disposición de la Justicia, posee domicilio conocido y verificado, e informó oportunamente sus movimientos dentro y fuera del país.

Además, señalaron que la conductora es una figura pública, circunstancia que, según la defensa, dificulta cualquier posibilidad de ocultamiento o fuga. También destacaron que tiene una hija menor de edad escolarizada y cursa un embarazo avanzado, aspectos que, a su criterio, refuerzan su arraigo.

Respecto del supuesto riesgo de entorpecimiento de la investigación, los abogados negaron que Cirio haya intentado influir sobre testigos o interferir en la causa. Aunque reconocieron que entre los declarantes figuran personas de su entorno, sostuvieron que no existe evidencia de presiones ni de conductas destinadas a obstaculizar el proceso.

Uno de los ejes centrales de la estrategia defensiva apunta a impugnar el video difundido públicamente en el que se observa a la conductora en un vestidor rodeada de fajos de dólares termosellados, cuyo monto los investigadores estiman en varios millones.

Según la presentación judicial, no es posible establecer con precisión la fecha ni el lugar donde fueron registradas esas imágenes, lo que, a criterio de la defensa, afecta seriamente su valor probatorio. Además, recordaron que el propio fiscal solicitó una pericia para determinar si el archivo fue editado o sufrió manipulaciones.

Los abogados sostuvieron que ese pedido de peritaje demuestra la necesidad de verificar la autenticidad del material antes de que pueda ser considerado como prueba válida dentro del expediente.

A ese planteo se suma la declaración del productor Diego Suárez, quien, según la estrategia de la defensa, vinculó el origen del video con un presunto intento de extorsión. De acuerdo con esa versión, existirían antecedentes de pagos para evitar su difusión, un elemento que, según los representantes de Cirio, también debe ser tenido en cuenta al momento de evaluar la confiabilidad de la evidencia.