Fuente: https_www.lamañanaonline.com.a
El defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, reveló que los apoderados de la Dirección Nacional de Vialidad, Dra. Carolina Dionisi y César Ríos, se presentaron en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del Dr. Pablo Fernando Morán, solicitando el levantamiento de la medida cautelar que ordena ejecutar las obras necesarias para reparar las rutas nacionales Nº 11, 81, 86 y 95, en un plazo de 90 días.

Los letrados del organismo nacional manifestaron en su escrito que si bien el Decreto Nº 461/25 disolvió Vialidad Nacional, entre otros organismos, “en el art. 36 se fija que hasta tanto se aprueben las nuevas estructuras organizativas y reasignen competencias, dicha institución continuará ejerciendo transitoriamente sus funciones y atribuciones”.

Al respecto, el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, hizo notar que “llamativamente, la demandada reconoce que se encuentran obligados a cumplir con la orden judicial, ponen como excusa que, por mandatos superiores, en este caso de la Gerencia Ejecutiva de Licitaciones y Contrataciones, a cargo de Silvana Verónica Bardare, es imprescindible una serie de procesos de licitaciones y contrataciones de obras y servicios, que hace imposible cumplir con lo ordenado por la Justicia, dadas las restricciones presupuestarias vigentes”.

Los abogados detallan que actualmente se cuenta con un presupuesto total del 22º Distrito Formosa, que asciende a $ 93.699.644,49 y sobre el cual sólo un porcentaje de dicho monto puede ser destinado a compra de bienes y contrataciones de servicio para el mantenimiento de rutas por administración, esto es tan sólo $ 47.717.959,32”.

Por otro lado, el secretario letrado de la Defensoría del Pueblo, Dr. José García, adelantó que “rechazaremos todos los argumentos falaces que invoca Vialidad Nacional” y señaló que “tanto el Gobierno nacional, junto a esta institución, no pueden afirmar ante la Justicia que cumplen con sus obligaciones en cuanto al mantenimiento de las rutas nacionales o realizar simples promesas, sin ninguna base de sustento jurídico, cuando es la propia Vialidad Nacional quien ha informado que casi la mitad de las rutas nacionales relevadas en 2024 presentan problemas de mantenimiento, con un 29% en mal estado y un 23,5% en condiciones regulares”.

El funcionario advirtió que “esta alarmante situación refleja un claro deterioro de la infraestructura vial, que compromete la seguridad de los usuarios y la eficiencia del transporte en todo el país”.

Indicó que el estudio muestra que sólo el 47,5% de los kilómetros relevados se encuentran en buen estado, una caída significativa respecto a mediciones anteriores.

Indicó que “a esto se suma lo publicado por el Instituto Argentina Grande, en cuanto a la proporción de rutas en mal estado, que creció del 23% al 29% en sólo dos años, mientras que las inversiones en mantenimiento cayeron en promedio un 82% en términos reales”.

Indicó que entre enero y mayo de 2025, el gasto en la red vial fue un 75% inferior al mismo período de 2023, evidenciando un freno casi total a la obra pública en un área clave para la economía nacional.

“La falta de inversión pública, sumada a la demora en concesionar rutas a empresas privadas o transferir su gestión a las provincias con los fondos necesarios, es la principal causa de este deterioro. Aunque esta estrategia contribuye a que el Gobierno nacional mantenga superávit fiscal y controle la inflación, entre tanto, el costo social y económico es alto: rutas inseguras, dificultades logísticas y una pérdida creciente de vidas más competitividad para sectores fundamentales como la agricultura, la energía y la minería”, advirtió García.

José Leonardo Gialluca cuestionó que el Gobierno nacional “solamente busque contratar empresas privadas para reparar las rutas y ahorrarse apenas 100 millones de dólares anuales, cuando el mantenimiento real cuesta cerca de 3.000 millones”.

Además, señaló que el “Impuesto a los Combustibles Líquidos, que recauda aproximadamente esa cifra, debería destinarse exclusivamente al cuidado de las rutas y no a financiar gastos corrientes, garantizándose así una fuente específica y sostenible para la infraestructura vial”.