Según el documento, la Argentina atraviesa “el deterioro laboral más profundo desde la crisis de 2001”, un fenómeno que -indicaron- se agravó desde finales de 2023, cuando comenzó a acelerarse el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo formales.

El PJ detalló cifras que, sostuvieron, exponen la magnitud de la crisis: más de 19.000 empresas cerradas desde fines de 2023 -“casi 30 por día”- y la pérdida de más de 276.000 empleos registrados, lo que equivale a más de 400 puestos laborales destruidos por jornada. “No se trata de un fenómeno aislado -remarcaron-, sino de un impacto en el corazón productivo nacional”, con sectores como transporte, comercio, industria y especialmente la construcción, que -según indicaron- perdió más del 16% de sus trabajadores registrados.

El comunicado insistió en que “los datos matan al relato” respecto a la supuesta defensa del oficialismo hacia las pymes. Aseguraron que el 70% de los despidos provienen de grandes empresas y que “el problema no son las leyes laborales”, sino el derrumbe del consumo interno, los salarios deteriorados y la falta de crédito.

Reforma laboral: cuestionamientos

El PJ cuestionó que la iniciativa del Ejecutivo “no surge de una discusión local”, sino que responde a “exigencias de Washington”. También advirtió que la flexibilización aprobada en la Ley Bases “no creó empleo”, sino que coincidió con un ritmo mayor de destrucción laboral. Bajo esa mirada, el nuevo proyecto implicaría “menos derechos, más horas de trabajo y salarios más bajos”.

“Los peronistas no nos oponemos a una reforma -aclararon-, nos oponemos a la precarización laboral disfrazada de reforma”.

Frente al proyecto oficial, el PJ presentó una agenda alternativa basada en tres pilares.

El primero es la recuperación del salario, considerado “la condición indispensable para reactivar el consumo y evitar nuevas quiebras”.

El segundo es la reducción de la jornada laboral, una medida orientada -según explicaron- a mejorar la organización del tiempo, favorecer la productividad y habilitar nuevas incorporaciones formales.

El tercer eje apunta a una reforma laboral con ampliación de derechos, que contemple la integración tecnológica con protección jurídica, el derecho a la desconexión digital, la ampliación de licencias parentales, la incorporación de monotributistas a esquemas de protección y el fortalecimiento de la salud mental y de la prevención de accidentes. También propusieron avanzar en la participación de los trabajadores en las ganancias, un reclamo histórico del movimiento obrero.

Definición sobre el rol del Estado

El comunicado del PJ citó frases de Eva Perón -“donde hay una necesidad, nace un derecho”- para sostener que el país necesita “una modernización que no precarice, sino que permita vivir mejor”.

“No seremos el laboratorio de precarización del FMI”, remarcó la conducción partidaria, que pidió un Estado que garantice empleo formal, protección social y productividad con trabajadores “formados, protegidos y capaces de planificar su futuro”.