La presentación, confirmada por fuentes judiciales, se enmarca en una ofensiva más amplia del Gobierno nacional sobre la conducción de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Según la denuncia, el organismo a cargo de Andrés Vázquez detectó movimientos de dinero sin el respaldo documental correspondiente durante tareas de fiscalización y análisis realizadas sobre las operaciones de la AFA.

Para los investigadores, estas maniobras podrían haber tenido como objetivo ocultar el destino real de los fondos y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes. Desde el Ejecutivo remarcaron que se trata de “una denuncia nueva, no una ampliación de la anterior”, y que forma parte de una estrategia de profundización del frente judicial contra la entidad madre del fútbol argentino.

Otro proceso contra la AFA

La ofensiva judicial avanza en paralelo con el proceso administrativo que lleva adelante la Inspección General de Justicia (IGJ), que intimó a la AFA a presentar balances y documentación respaldatoria de ejercicios anteriores. Si bien el titular del organismo, Daniel Vítolo, descartó por ahora la designación de veedores, en el Gobierno aseguran que esa posibilidad sigue latente y dependerá del resultado del análisis técnico de la documentación presentada.

El expediente tramita en la Justicia federal y se originó tras una fiscalización integral de ARCA sobre las operaciones de la AFA entre marzo de 2023 y junio de 2025. Esa investigación administrativa derivó en resoluciones formales, ajustes fiscales y la notificación a la Justicia ante la posible comisión de delitos penales tributarios, conforme a la legislación vigente.

La investigación

De acuerdo con fuentes judiciales, la pesquisa se inició a partir de alertas generadas por los sistemas internos de análisis de riesgo de ARCA, que detectaron inconsistencias en la facturación recibida por la AFA. A partir de esos controles, se identificaron pagos a proveedores incluidos en la base de contribuyentes no confiables, un registro oficial que agrupa a firmas consideradas apócrifas o sin sustento económico real.

La investigación no se limitó a una revisión formal de comprobantes. Incluyó inspecciones presenciales, verificaciones domiciliarias, análisis de movimientos bancarios, pedidos de información a entidades financieras y cruces con otras bases de datos fiscales. El patrón detectado se repitió en numerosos casos: empresas que emitían facturas por montos millonarios pero no contaban con empleados, infraestructura, activos ni antecedentes comerciales compatibles con los servicios declarados.

Tras la fiscalización inicial, ARCA dictó dos resoluciones administrativas que determinaron ajustes en concepto de Impuesto a las Ganancias -por salidas no documentadas- y en el IVA.

Las resoluciones fueron notificadas electrónicamente a comienzos de 2026 y la AFA presentó su descargo, rechazando las liquidaciones. Frente a esa negativa, el organismo avanzó con un procedimiento determinativo de oficio, que habilita una revisión más profunda de la situación fiscal del contribuyente.

Nuevos cruces

En simultáneo, nuevos cruces sistémicos permitieron detectar otras facturas observadas, emitidas por proveedores distintos a los inicialmente analizados, lo que amplió tanto el período bajo investigación como la cantidad de operaciones cuestionadas. En conjunto, el monto determinado supera los $375 millones, sin incluir intereses ni eventuales multas, y podría incrementarse conforme avance el proceso.

Uno de los ejes centrales de la causa es el análisis individual de más de una decena de proveedores observados, que presentan domicilios inexistentes o incongruentes, falta de personal registrado, ausencia de activos y movimientos bancarios atípicos.

Para ARCA, no se trata de errores administrativos aislados sino de un esquema reiterado durante varios ejercicios fiscales, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra deliberada para reducir la carga tributaria mediante el uso de facturación sin respaldo real.