El Consejo Profesional de la Abogacía pide medidas al STJ para solucionar las demoras en los procesos judiciales

El Consejo Profesional de la Abogacía pide medidas al STJ para solucionar las demoras en los procesos judiciales

Tras el reclamo, el presidente de la Corte provincial, Horacio Alucín, pidió a los letrados que especifiquen cuál o cuáles serían dichos procesos en mora

El Consejo Profesional de la Abogacía presentó una nota al STJ por las  demoras en los procesos judiciales - Diario La Mañana

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El Consejo Profesional de la Abogacía presentó el lunes una nota dirigida a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia con el planteo de que arbitre medidas para solucionar los problemas de demoras en los procesos judiciales, poniendo el foco especialmente en el Tribunal de Familia, que tendría expedientes frenados y sin resoluciones desde hace unos cinco meses.

“En el ejercicio de defensa de la profesión que hacemos desde el Consejo, recibimos constantemente inquietudes de colegas sobre las demoras en los procesos judiciales. En base a estos reclamos, el lunes presentamos una nota dirigida al Superior Tribunal para solicitar medidas que acerquen soluciones a estos problemas que existen en el sistema de justicia de la provincia”, puntualizó Horacio Gorleri, presidente del Consejo Profesional de la Abogacía en Formosa.

Ante La Mañana, sostuvo que la gran mayoría de los problemas que aquejan a los abogados litigantes están relacionados a expedientes frenados o sin resoluciones en algunos recursos del Tribunal de Familia, observándose “hasta cinco meses de demoras en algunos casos”.

“La preocupación también alcanza a los clientes de los profesionales que necesitan un servicio de Justicia más ágil y rápido, lo que se vuelve un problema para el colega cuando se dilatan los procesos y no hay respuesta de los tribunales”, señaló.

Asimismo, Gorleri informó que en el trámite administrativo formalizado el lunes ante los magistrados del STJ, también se solicitó la actualización o reajuste de los honorarios de los profesionales de la abogacía, respetando los mínimos legales para “revalorizar el trabajo de los profesionales y evitar que se siga profundizando la pérdida del poder adquisitivo”.