En su pormenorizada denuncia, Marijuán los acusa de armar “un plan sistemático desplegado en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2023, consistente en el dictado de normas tendientes a flexibilizar el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez para permitir la entrega masiva e irregular de tales beneficios destinándolos especialmente “a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes”.

«Tal incremento habría sido consecuencia de un proceso de articulación de decretos y resoluciones por medio de los cuales se habrían flexibilizado los criterios originalmente establecidos para el otorgamiento de tales pensiones, y por la puesta en marcha de un circuito de tramitación de dichos beneficios “especialmente destinado a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes, en lo que las pensiones eran moneda de cambio”, afirma la denuncia.

Según la investigación del fiscal, en ese periodo se otorgaron casi 300 mil nuevos beneficios “lo cual se reflejó en un crecimiento exponencial en la concesión de aquellos de más del 1500%, pues de 79.581 casos asignados en el año 2003 se habría ascendido a 1.222.882 prestaciones conferidas en la actualidad”.

En la acusación, Guillermo Marijuán destaca que las pensiones “eran aprobados en tiempos reducidos de tres meses y que se entregarían a personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición médica de discapacidad, que habría funcionado en forma paralela al circuito formal en el que la tramitación para el otorgamiento de tal prestación demoraba entre 2 y 3 años».

Los más beneficiados fueron los gobernadores de Unión por la Patria

Además, el fiscal destaca que las provincias más beneficiadas habrían sido “las de mayormente gobernadores de Unión por la Patria: Chaco (Gobernador Jorge Capitanich), Formosa (Gobernador Gildo Insfrán), Santiago del Estero (Gobernador Gerardo Zamora), Tucumán (Gobernador Juan Luis Manzur), Misiones (Gobernador Oscar Herrera Ahuad) y Buenos Aires (Gobernador Axel Kicillof).

Y agrega: «En las provincias en las que el Gobernador no era “amigo”, por ejemplo, Corrientes (Gobernador Gustavo Valdés), posiblemente acordaban sus planes con los intendentes.”

Más de 1.200.000 personas reciben pensiones por invalidez

Cabe destacar que en el marco de su plan de ajuste, la administración de Javier Milei comenzó a auditar las pensiones no contributivas por invalidez, que, según cifras oficiales, reciben 1.215.548 personas. Un análisis de la Agencia Nacional por Discapacidad arrojó que sobre una muestra de 3000, el 80% no debería haber sido otorgada. Por este motivo, representantes del Ejecutivo confirmaron que contemplan judicializar este asunto, a la vez de endurecer el acceso a este beneficio.

La pensión no contributiva por invalidez es una asignación monetaria pagada por la Anses y su monto equivale al 70% de una jubilación mínima. Es decir, $144.851,77.

En la denuncia presentada por el fiscal Marijuán también se acusa a los por entonces (2020 a 2023) Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Esposito y Fernando Gastón Galarraga, y la otrora Directora Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez.