Los procedimientos fueron realizados por personal del Juzgado Federal de San Isidro y de la Fiscalía, a cargo de Fernando Domínguez, que estuvieron acompañados por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Junto con ellos se presentó un asesor de Kueider para habilitar el ingreso al despacho con su huella dactilar.
Durante los allanamientos, los miembros de la GNA revisaron biblioratos, cajones de escritorios y retiraron computadoras. El objetivo del operativo fue recolectar información que pueda ser de interés en la causa donde Kueider es investigado por presunto cobro de sobornos de una empresa de seguridad privada cuando se desempeñaba al frente de Enersa, la empresa energética estatal de Entre Ríos, durante la gobernación de Gustavo Bordet.
«El procedimiento se desarrolló en absoluta normalidad, con estricto cumplimento de las normas procesales aplicables y la colaboración del personal de seguridad del Senado», confiaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.
Los allanamientos se hicieron posible luego de que el Senado aprobara la semana pasada la expulsión de Kueider por amplia mayoría y, de esa manera, lo dejara sin fueros. El dirigente entrerriano permanece con prisión domiciliaria en Paraguay, donde fue detenido con su secretaria al querer ingresar 211.000 dólares en efectivo sin declarar.
Nueve revés judicial para Kueider
Más temprano, el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico rechazó «in limine» el amparo del exsenador para que se le restituya su banca en la Cámara Alta. Según la resolución, decisiones como remover a Kueider por inhabilidad moral «no pueden ser revisadas» en sede judicial.
«Como se ha dicho en reiteradas oportunidades, se ha sostenido que el ámbito de control jurisdiccional del Poder Judicial no alcanza a las decisiones que otros Poderes del Estado adopten dentro de la esfera de competencia que la Constitución Nacional les asigna como propia y exclusiva, tal como acontece en el caso», indicó.
En el ámbito de las facultades exclusivas atribuidas constitucionalmente, «la función jurisdiccional no alcanza al modo de ejercicio de las mismas», agregó el magistrado.
El Poder Judicial, insistió Lavié Pico, «no puede arrogarse funciones reservadas por la Constitución Nacional a los otros poderes del Estado, como es en el caso, la remoción de un Senador Nacional en los términos del art. 66 de la Carta Magna».
La expulsión de Kueider «fue propuesta, debatida y sometida a votación en el seno del Honorable Senado y resultó aprobada por en rigor, 60 los dos tercios previstos por la manda constitucional votos afirmativos, seis negativos y una abstención», concluyó el juez.
