Los investigadores sostienen que el joven dirige la organización desde una unidad penitenciaria y que, aun detenido, logró organizar las entraderas contra personas mayores, elegidas por su poder adquisitivo o por la exposición de su rutina en redes sociales.

El caso más reciente que reactivó el expediente fue el violento asalto a una jubilada influencer de 82 años en su casa de Martínez, en el partido bonaerense de San Isidro. Allí, tres delincuentes irrumpieron durante la madrugada, la maniataron, la golpearon y la amenazaron durante horas para que entregara dinero, joyas y claves bancarias. La investigación determinó que, mientras el robo se desarrollaba, los atacantes recibían instrucciones en tiempo real desde un penal, a través de teléfonos celulares con los que los cabecillas monitoreaban el golpe y ordenaban cómo proceder.

De acuerdo con las pesquisas, Brites sería uno de los principales organizadores de la estructura. A pesar de estar preso, habría coordinado al menos doce robos a jubilados mediante un sistema de roles definidos. En ese esquema, la banda cuenta con «marcadores» que seleccionan a las víctimas y obtienen información sobre sus hábitos, ejecutores que ingresan a las viviendas, choferes encargados de la logística y contactos externos que facilitaban la reventa de lo sustraído. La participación de menores de edad es un rasgo recurrente, ya que los líderes buscaban reducir el riesgo de condenas más graves utilizando adolescentes como autores materiales de los asaltos.

Los investigadores sostienen que la organización elige a víctimas en barrios residenciales de alto poder adquisitivo y que muchas veces obtenía datos a partir de publicaciones en redes sociales. En el caso de la jubilada influencer, por ejemplo, se sospecha que los delincuentes detectaron que la mujer había regresado recientemente al país y que se encontraba sola en su vivienda. Esa información habría sido clave para planificar el ingreso y ejecutar el robo con violencia.

La causa está a cargo de la Justicia bonaerense y avanza con múltiples allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos y en unidades penitenciarias donde se secuestraron teléfonos celulares que habitualmente usan para los golpes. Las autoridades investigan cómo los detenidos lograban mantener comunicación con el exterior y dirigir los delitos a distancia, un fenómeno que se repite en varias causas delictivas en la provincia.

Para los investigadores, la llamada «Banda del Millón» no responde a una estructura rígida sino a una organización flexible que se reorganiza con rapidez. Aunque varios de sus miembros están detenidos, el grupo seguiría operando mediante contactos en libertad que ejecutan los robos y entregan el botín a los cabecillas. La reiteración de ataques a jubilados, muchos de ellos con violencia extrema, volvió a encender la preocupación por la seguridad en la zona norte y por la capacidad de algunas bandas para seguir delinquiendo aun con sus líderes tras las rejas.

Mientras se profundiza la investigación y se analizan las pruebas reunidas, la Justicia busca determinar el alcance real de la organización y la responsabilidad de cada uno de sus integrantes. El expediente se centra en reconstruir la cadena de mando, establecer cuántos hechos pueden atribuirse al grupo y confirmar si, tal como sostienen los investigadores, Brites dirigió desde prisión una seguidilla de robos que tuvo como principales víctimas a personas mayores.