“Estas irregularidades, que DEME ha denunciado ante la Justicia local en un expediente que se encuentra actualmente en trámite, afectan la libre competencia y significarán sobrecostos innecesarios a productores y exportadores argentinos, de no revisarse el proceso”, advirtió la compañía en un comunicado.
Dijo que el “perjuicio económico para la producción nacional se funda en que la ecuación utilizada para evaluar las ofertas en la licitación asigna un 60% de puntaje a los precios de la oferta en tres etapas y un 40% al puntaje técnico final”.
Sostuvo que a partir de esto “el actual operador podría ofertar una tarifa más alta y aun así ganar la licitación. Así, al privilegiarse los cuestionables aspectos técnicos que se detallan a continuación por sobre la oferta económica, un solo oferente –el concesionario actual- quedará en condiciones de fijar los términos comerciales a su antojo, viciando totalmente el proceso”.
La empresa también cuestionó que “el tiempo para preparar las ofertas (55 días hábiles) es insuficiente en comparación con licitaciones similares y la documentación técnica proporcionada no es suficiente para realizar un análisis adecuado. Esto beneficia al operador actual que ya posee la información necesaria”.
Además, dijo que “se exige un calado máximo de 8 metros sin justificación técnica, lo cual limita la posibilidad de usar equipos más adecuados y favorece al actual concesionario, cuyo equipo ya cumple con esta restricción”.
Criticó también “la forma en que se evalúan los antecedentes financieros favorece a la empresa actual, ya que el sistema de puntaje minimiza la puntuación de nuevas empresas y maximiza la de la empresa que ya opera. Además de una garantía por 10 millones de dólares en caso de impugnación”.
“El pliego excluye trabajos de dragado de relleno y refulado, que son comunes y relevantes en este tipo de proyectos, lo cual limita la puntuación de competidores y favorece al operador actual”, cuestionó DEME.
Criticó, además, que “el pliego exige experiencia en Argentina, lo cual puede limitar las opciones de competidores internacionales que tienen experiencia relevante pero no específicamente en este país”.
“El cuestionado pliego ha sido realizado por los mismos equipos que el propio gobierno nacional ha decidido suprimir por razones de corrupción, manteniendo de todas formas la Comisión Evaluadora, cuyos titulares son Ariel Romero Cherubini, Francisco Mansanta y Cristián Luis Rigueiro”, dijo la empresa en el comunicado.
Y recordó que “estos hechos fueron señalados además por entidades del agro, del comercio y de la logística portuaria y es en función de ellos que DEME está llevando adelante la impugnación del pliego”.
“El vigente proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal conlleva un aumento significativo de los costos de exportación de los productos producidos en el país y, a su vez, de los que Argentina importa”, dijo la empresa.
Y consideró que “se trata, a todas luces, de un sinsentido que las autoridades a cargo del proceso todavía están a tiempo de corregir en beneficio de la transparencia y la economía de todos los argentinos”.
Cabe destacar que existen al menos otras dos compañías que están interesadas en ganar la concesión del dragado y el balizamiento de la Hidrovía por los próximos 30 años: son las neerlandesas Boskalis y Van Oord.
El negocio de la Hidrovía generará una facturación que el Gobierno estimó en unos 410 millones de dólares por año. El 80% de las exportaciones de la Argentina -US$ 65.000 millones sobre US$ 80.000 millones, aproximadamente- salen por los puertos que están en los ríos Paraná y Paraguay.
