Del encuentro participaron el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz; el ministro decano, Juan Carlos Maqueda; el ministro Ricardo Lorenzetti; los consejeros Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Héctor Recalde, Miguel Piedecasas, Alejandra Provítola, Jimena de la Torre, Sebastián Amerio, María Fernanda Vázquez, Roxana Reyes, Álvaro González, Eduardo Vischi y Guillermo Tamarit; y el procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra.

También asistieron los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Gustavo Hornos y Javier Carbajo; de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Horacio Días; de los jueces Sebastián Casanello, Sebastián Ramos y María Eugenia Capuchetti; y el secretario general de Judiciales, Omar Piumato.

Rosatti calificó a la reforma de 1994 como “la más participativa, plural y heterogénea de todas las que pudieron haberse hecho en el país”, que significó “la búsqueda de un consenso práctico destinado a transformar la realidad”.

«El Consejo es hijo de esa reforma”, dijo el ministro de la Corte, y que su instauración permitió optimizar un mecanismo de designación de magistrados: “Hoy contamos con un proceso de selección que controla la idoneidad de los postulantes, perfectible, pero muy superior al anterior”.

En tanto, ponderó la aprobación, en la sesión plenaria de ayer del Consejo, de un conjunto de reglas orientadas a promover el uso del lenguaje claro en los pronunciamientos judiciales.

“Esto va a permitir mejorar la comunicación y ser más entendidos por el resto de la sociedad, con la convicción de que el Derecho no es solo una ciencia con lenguaje propio, sino el ámbito que nos dice a todos, no solo a la comunidad jurídica, lo que está permitido y prohibido”, afirmó.

Piden informes a la Corte Suprema por la interna entre Rosatti y Lorenzetti

Un grupo de diputados de Unión por la Patria pidieron al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que informe sobre los cuestionamientos que esgrimió Ricardo Lorenzetti en su disidencia sobre la creación de una nueva secretaría penal en el tribunal.

Lo hicieron mediante un pedido de acceso a información pública que firmaron Germán Martínez, Carolina Gaillard, Ricardo Herrera, Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Juan Manuel Pedrini.

Los diputados pidieron “detalles sobre hechos y situaciones denunciados por Lorenzetti, de los que no se encuentran registros de acceso público”.

El pedido de informes reclama a Rosatti que precise “si existen en el ámbito de la Corte unas 60 mil causas sin resolver, y en ese caso explique cuáles son las razones que dieron lugar a ese atraso en la resolución”.

Los legisladores pretenden saber “si se discutió entre los ministros la elaboración de un código de ética, algo que jamás existió en la Justicia argentina a diferencia de la mayor parte de las naciones del mundo”.

Lorenzetti denunció que la creación de una nueva secretaría penal demandará un aumento en el presupuesto de la Corte y la creación de nuevos cargos.

El funcionario designado en esa secretaría es Diego Seitún, sobre quien los diputados preguntaron “si es abogado defensor de Rodrigo Arboleda Halaby en la causa que investiga la cesión fraudulenta de la Sociedad Rural Argentina por parte del Estado Nacional; de Carlos Alberto Castellani, funcionario del Banco Nación investigado por los préstamos fraudulentos otorgados a Vicentín SAIC; y de Joaquín Enrique Marque, en una causa en la que se investiga el libramiento de cheques sin fondos”.

El documento también pide la copia de las actuaciones administrativas sobre el principal colaborador de Rosatti, Silvio Robles, a quien Lorenzetti cuestionó en un capítulo de su voto titulado “Ocultamiento de las irregularidades de un funcionario”.