En concreto, informó la Casa Blanca, la orden «declara una nueva emergencia nacional utilizando la autoridad del Presidente en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA)» y, con base en ello, el mandatario implementa «un arancel adicional del 40 %», lo que «eleva el monto total del arancel al 50 %».

La nueva tarifa arancelaria entrará en vigor dentro de siete días, de acuerdo con lo indicado en la Orden Ejecutiva, cuando originalmente se había anunciado que estarían vigentes desde el 1 de agosto.

En el documento, de todos modos, se incluye una larga lista de productos que se exceptúan de los nuevos aranceles, como los aeronáuticos civiles (que interesa a Embraer), el jugo de naranja y sus derivados, el mineral de hierro, el acero y los combustibles, pero hasta el momento no hay aclaraciones concretas sobre la carne, el café y las frutas.

La justificación de la Casa Blanca

La medida se aplica, indica la entidad, «para hacer frente a las políticas, prácticas y acciones recientes del Gobierno de Brasil que constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos».

También señala que con ello se enfrentan las políticas de Brasil que, según los Estados Unidos, «perjudican a las empresas estadounidenses» y «los derechos de libertad de expresión de las personas estadounidenses».

A juicio de las autoridades estadounidenses, el Gobierno de Brasil tomó «medidas sin precedentes» para «coaccionar de manera tiránica y arbitraria a las empresas estadounidenses para que censuren el discurso político, eliminen a los usuarios de la plataforma, entreguen datos confidenciales de los usuarios estadounidenses o cambien sus políticas de moderación de contenido», todo ello » bajo pena de multas extraordinarias, enjuiciamiento penal, congelación de activos o exclusión completa del mercado brasileño».

«Esto socava no solo la viabilidad de las operaciones comerciales de las empresas estadounidenses en Brasil, sino también la política de EE.UU. de promover elecciones libres y justas y salvaguardar los derechos humanos fundamentales en el país y en el extranjero», dice el texto.

Por su parte, como ya había hecho referencia Trump, se hace mención al caso judicial en contra del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, procesado por su aparente participación en una trama golpista, calificando la causa como una «persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento por motivos políticos», algo que, a su parecer, «son graves abusos contra los derechos humanos que han socavado el Estado de derecho en Brasil».

En ese sentido, las autoridades estadounidenses también justifican la medida contra Brasil por acciones del juez brasileño Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) y quien lleva el juicio penal contra Bolsonaro, a quien Washington sancionó este mismo miércoles y previamente le revocó el visado estadounidense.

Desde 2019, indica la Casa Blanca, De Moraes «ha abusado de su autoridad judicial para amenazar, atacar e intimidar a miles de sus oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y reprimir la disidencia, a menudo en coordinación con otros funcionarios brasileños, incluidos otros jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil, en detrimento de las empresas estadounidenses que operan en Brasil».

También señala que el juez actualmente «supervisa el enjuiciamiento penal del Gobierno de Brasil de Paulo Figueiredo, residente en los Estados Unidos, por un discurso que pronunció en suelo estadounidense, y ha apoyado investigaciones penales sobre otras personas estadounidenses después de que expusieran sus graves violaciones de los derechos humanos y la corrupción».