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La Fiscalía apeló la prisión domicialiaria y pidió que Cristina Kirchner vaya a la cárcel

La Fiscalía apeló la prisión domicialiaria y pidió que Cristina Kirchner vaya a la cárcel

“Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”, sostuvieron Diego Luciani y Sergio Mola en la presentación entregada este lunes.

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron este lunes la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

“Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”, sostuvieron los fiscales en su presentación.

Además, plantearon que si la expresidenta continúa en prisión domiciliaria debería ser en un lugar distinto al departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde cumple actualmente la condena. Al respecto, señalaron que «lo que se observó desde su detención es que genera complicaciones al barrio que fueron expuestas en un informe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires» y también en la «propia seguridad de la exmandataria que en 2022 sufrió un intento de homicidio». Así señalaron que “se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria”.

El Tribunal Oral Federal 2 le había dado la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner por razones de seguridad. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron que por su rol de dos veces jefa de Estado y por el intento de homicidio que sufrió en una cárcel debería estar en un régimen de aislamiento que no es compatible con razones humanitarias de una detención. Además, hicieron referencia a que la exmandataria tiene 72 años.

Los fiscales, quienes en dos instancias previas ya habían pedido que la condena se cumpla en una cárcel, objetaron esos argumentos. Por un lado, plantearon que su postura es que “las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto”. Y detallaron que «en una detención domiciliaria no hay expectativas de resociabilización, tal como la ley establece».

Sobre la seguridad de Cristina Kirchner en una cárcel, Luciani y Mola indicaron que el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, había enumerado una serie de lugares de fuerzas federales donde la expresidenta podría cumplir la condena acorde a sus características.

La presentación de Luciani y Mola

Los fiscales precisaron que el Tribunal Oral no había analizado ese informe y que su detención en alguno de esos lugares no implicaría un aislamiento de su persona. “No se ha demostrado que las condiciones de alojamiento en una unidad penitenciaria supongan un trato inhumano”, señalaron. También rechazaron el argumento de los 72 años, ya que «la edad es un requisito no obligatorio, sino una facultad del juez».

Por otra parte, la Fiscalía sostuvo que a Cristina Kirchner se le dio un trato especial porque los otros ocho condenados en la causa se presentaron en Comodoro Py para quedar detenidos. A la expresidenta, en cambio, «no se le impuso ese trámite después que se le concedió la detención domiciliaria».

“Concretamente, es necesario que el tribunal de casación declare que no existe impedimento real alguno para que Fernández de Kirchner cumpla intramuros la pena que se le impuso. Su situación (sin dejar de ponderar las particularidades que presenta cada una de las personas condenadas) no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso, que se han presentado a cumplir la pena y fueron alojados en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal», consignaron Luciani y Mola.

En otro tramo de su dictamen, la Fiscalía hizo referencia al departamento de San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple la detención. Mencionaron un informe de la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires que dio cuenta que desde que la expresidenta está allí se produjeron marchas y concentraciones que afectaron al barrio. Concretamente hicieron referencia a los los servicios de recolección de residuos, el paso de ambulancias y el mantenimiento de redes; así como también a las denuncias de vecinos por ruidos molestos, entre otros.

Los fiscales citaron en su presentación imágenes de medios de comunicación con gente subida a balcones de departamentos linderos y las concentraciones frente al domicilio de la expresidenta. Así, entendieron que se presenta una situación que afecta al barrio pero también a la propia seguridad de la condenada.

“En base a tal informe -en caso de no hacerse lugar a la revocación de la prisión domiciliaria que aquí reclamamos-, es que se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria que mitigue las falencias de seguridad advertidas”, plantearon los fiscales.

La Sala IV deberá resolver sobre las apelaciones

Ahora deberá intervenir la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes tendrán que analizar distintas apelaciones que se presentaron en la causa. Una de ellas es sobre el régimen de visitas.

El Tribunal Oral le impuso a Cristina Kirchner que sus familiares, médicos, abogados y custodios podían ingresar al departamento sin pedir autorización judicial. Toda otra persona debe pedir autorización. La defensa apeló esa decisión y Casación citó a una audiencia para el próximo 7 de julio a las 12 horas para escuchar los argumentos. La defensa también apeló el uso de la tobillera electrónica que le puso el Tribunal Oral y ahora la Fiscalía hizo lo propio con la prisión domiciliaria. Esos planteos también llegarán a Casación.

La ficalía pidió 16 años de prisión para Cositorto

La ficalía pidió 16 años de prisión para Cositorto

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, ya fue declarado culpable por asociación ilícita y estafa. Solo resta conocer qué pena le dará la Justicia.

Cositorto fue declarado culpable por los delitos de asociación ilícita y estafa en la provincia de Corrientes.Fuente: https://www.diariopopular.com.ar

CLARITO EL DEFENSOR DEL

CRIPTOSTAF JAVIER MILEI

La fiscalía de Goya pidió que Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, sea 16 años de prisión tras ser declarado culpable por los delitos de asociación ilícita y estafa en la provincia de Corrientes.

Este martes los fiscales solicitaron la pena máxima para el empresario, mientras que para Miguel Ángel Echegaray solicitaron 11 años, para Maximiliano Javier Batista 14, y Lucas Damián Camelino 12 años.

Todos ellos fueron hallados responsables por ser integrantes de dicha asociación ilícita y coautores de estafa con modalidad de delito continuado.

Por su parte, Nicolás Camelino y Javier Medina recibieron la absolución luego de que los magistrados resolvieron un veredicto de inocencia.

«Mi prisión preventiva vence el próximo 4 de abril y si la condena no está firme debería salir. La pueden estirar si quieren hasta fines de mayo cuando se inicia la causa en Rosario, pero en sí queda poco», añadió el empresario que junto a los demás imputados serán juzgados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta y Buenos Aires.

En este sentido, Cositorto afirmó que «lo quieren ver preso» y que la Justicia le tiene «miedo»: «En ningún momento estafé ni realicé ninguna asociación ilícita».

Uno de los puntos que cuestiona el empresario sobre la resolución se vincula con que habría viajado a Dubái y en esa ciudad montó la asociación ilícita en la localidad de Goya: «Es una cosa que no tiene goyete, una ridiculez absoluta».

«Nos bloquearon las cuentas bancarias, nos sacaron 611 bitcoins, nos repusieron 155 millones de dólares en criptomonedas, nos quitaron 37 emprendimientos y se llevaron más de 30 autos. Reclaman U$S200 mil que ni siquiera me dejaron pagar», enumeró Cositorto.

Con respecto a la criptomoneda $Libra difundida por el presidente Javier Milei en sus redes sociales, el fundador de Generación Zoe opinó: «No creo en la deshonestidad del mandatario, pero el círculo íntimo le pifió».

El juez Ricardo Carbajal mencionó los hechos, viajes y fechas en las que la organización se instaló en la localidad de Goya y el esquema de reconocimiento de jerarquía para acreditar la existencia de esta organización: «Está comprobado documentadamente que se instalaron en la localidad de Goya y que la asociación ilícita y el dolo por estafa existió desde el principio».

 

La fiscalía solicitó siete años de cárcel para L-Gante

La fiscalía solicitó siete años de cárcel para L-Gante

Se leyeron los alegatos contra el cantante, acusado de amenazas agravadas y daños, y la defensa pidió la absolución. El veredicto se conocerá el 28 de octubre.

El juicio en contra de L-Gante comenzó este martes en Mercedes.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La fiscalía que investiga a L-Gante por presunta privación ilegítima de la libertad, solicitó que el cantante de cumbia 420 y RKT sea condenado a siete años de prisión por amenazas agravadas y daños.

Durante esta jornada, los fiscales, la querella y la defensa de Elián Valenzuela, el verdadero nombre del músico, leyeron sus alegatos en el Tribunal en lo Criminal número tres del partido bonaerense de Mercedes.

Los abogados patrocinantes de Darío Gastón Torres, Pablo Becerra, Leonardo Sigal y Rodrigo Aveldaño, el damnificado que denunció al intérprete, solicitaron ocho años cárcel efectiva al «entender la carencia de antecedentes penales por parte del acusado y sumar los agravantes correspondientes».

En tanto, Luciano Locatelli, defensor de L-Gante, pidió la absolución para su cliente, quien se encuentra imputado por los delitos de «amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado» en perjuicio de Torres y una mujer.

El fiscal Adrián Landini señaló: «El señor Elián Valenzuela, en vez de recurrir a la Justicia, intentó solucionar las cosas a su modo, su modo está fuera de la ley y la ley es igual para todos. Estamos claramente ante los delitos de daño y amenazas agravadas».

El veredicto se dará a conocer el lunes 28 de octubre a las 12.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Bezerra, representante de Torres, consideró que L-Gante será condenado, al tiempo que reveló: «Durante la investigación fuimos amenazados de muerte».

Las últimas palabras de L-Gante

El cantante reiteró su inocencia ante el juez Ignacio Racca y consignó que hoy «estaba en la audiencia porque no quiso poner dinero», a la vez que apuntó elogió al fiscal y criticó a los querellantes: «Tienen una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso».

En este sentido, cerró: «No me creo Dios y creo mucho en Dios, pero se me hace desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales. Repito, hoy estoy acá por no permitir que me quiten mi dinero. Y voy a estar siempre a disposición de la Justicia».

LA CAUSA

L-Gante fue denunciado por hechos que perjudicaron a Darío Gastón Torres y Rosa Catalina Passi, quienes lo acusaron de intimidarlos a punta de pistola luego de que varios de los integrantes de su grupo de amigos autodenominados «La Maflia» fueron demorados durante un operativo a la salida de un boliche.

El juez de Garantías del partido bonaerense de Moreno Gabriel Castro le había concedido la excención de prisión al cantante en el marco de una nueva denuncia por lesiones y reducción a servidumbre de un colaborador.

El magistrado advirtió que Valenzuela y otros imputados por el mismo ilícito «poseen arraigo fijo, ausencia de antecedentes penales computables y además han manifestado a través de sus letrados sus intenciones de estar a derecho en estos actuados».

No obstante, Castro entendió que «una caución de carácter juratorio, es decir la simple promesa, no resulta suficiente a los fines de reducir el riesgo de elusión procesal y entorpecimiento probatorio».

Por ello, le fijó una caución de $200 mil para concederle

 

Caso Adriana Vargas: cuestionan el alegato de la fiscalía por ir en contra de la carátula de femicidio

Caso Adriana Vargas: cuestionan el alegato de la fiscalía por ir en contra de la carátula de femicidio

La abogada Soledad Yorg aseveró que la postura del fiscal Gustavo Schaeffer en la causa es “un retroceso” y que su justificación de homicidio simple no fue clara

Caso Adriana Vargas: cuestionan el alegato de la fiscalía por ir en contra  de la carátula de femicidio - Diario La Mañana

Fuente: /https_www.lamañanaonline.com.ar
El próximo jueves 23 de mayo se realizará la lectura de sentencia en el marco del juicio oral por la muerte de Adriana Vargas, ocurrida el 6 de marzo del año 2022, y por la cual está procesado Pablo Encina como autor material del hecho bajo la calificación jurídica de femicidio. En la previa al fallo, la abogada feminista Soledad Yorg cuestionó el alegato de la fiscalía en la última audiencia y rechazó el encuadre de homicidio simple que direccionó la acusación, advirtiendo que “es un retroceso” para la Justicia, y que va en contra de la pena máxima que solicitó la querella.

“La causa ya está caratulada como femicidio. Por eso, nos sorprende que la fiscalía a cargo del doctor Gustavo Schaeffer se aparte de esto, y que hable de homicidio simple, porque desconoce el contexto de violencia en el cual se da este horrible femicidio”, señaló Yorg a La Mañana.

Asimismo, la letrada recordó que la víctima fue rociada con combustible, tras lo cual se le “prendió fuego, y la vio una vecina que estaba sentada en la vereda, que llamó al SIPEC”. “Adriana tuvo varios días en agonía, y finalmente falleció, dejando a tres hijos sin madre”, acotó.

“El femicida, que era el dueño de la casa, estuvo toda la noche hostigándola a Adriana. Horas antes, él le dijo que se callara, y que si no lo hacía, la iba a prender fuego, algo que finalmente ejecutó. No sólo hubo violencia física, sino también violencia psicológica”, explicó Yorg a este diario.

A su vez, evaluó que la justificación de Schaeffer no fue clara, y que es probable que el fiscal haya hablado de otra carátula porque la víctima y el victimario no eran pareja. “Es un error, porque el agravante no tiene que ver con el vínculo, sino por la condición de mujer de la víctima”, acotó.

Para finalizar, Soledad Yorg dijo que a nivel nacional hay una intención de desconocer la existencia de los femicidios. “Hay una ‘oleada de retroceso’ muy fuerte, que tiene ‘picos’. Esto, para nosotros, es un ‘pico’. Esto excede el marco discursivo. Es grave”, manifestó.