«El caso se está tramitando con el rigor y celeridad que requieren situaciones de posible violencia contra las mujeres», señaló un comunicado divulgado por la Secretaría de Prensa de la Presidencia. La nota informó también que el funcionario fue llamado en la noche del jueves por el contralor General de la Unión, Vinícius Carvalho, y el abogado General de la Unión, Jorge Messias, para brindar aclaraciones sobre las presuntas acusaciones en su contra. Además, indicó que la Comisión de Ética de la Presidencia de la República decidió abrir una investigación.

La noticia sobre los presuntos asedios del ministro fue revelada por el portal Metrópoles, medio que indicó que los casos ocurrieron el año pasado, aunque Me too Brasil no especificó nombres, ni la cantidad de denunciantes. Tampoco hizo mención al tipo de asedio ni al momento en que sucedieron, informaciones que «son sigilosas», según dijo a EFE la ONG.

En un comunicado, la organización agregó que las víctimas autorizaron a divulgar lo sucedido a la prensa por las «dificultades» que tuvieron «para obtener apoyo institucional», algo que, según se detalló, «suele ocurrir en casos que involucran a «agresores en posiciones de poder».

Las denuncias fueron «repudiadas con vehemencia» por el ministro Almeida, quien en una nota enviada a EFE por su asesoría de prensa señaló que «percibe» que se trata de «conclusiones absurdas» con el único objetivo de perjudicarlo. El jefe de la cartera de Derechos Humanos enfatizó que todas las presentaciones «deben ser investigadas con todo el rigor de la ley, pero para ello, es necesario que los hechos queden expuestos para ser investigados y tramitados y no apenas basados en mentiras, sin pruebas».

Luego de que el tema saltara a la luz pública, Almeida, un abogado y profesor universitario de 48 años, solicitó formalmente a la Fiscalía General, a la Contraloría y a la Comisión Ética Pública investigar los episodios por lo que fue acusado.

Entre las víctimas trascendió que podría estar la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, según denuncias recibidas por la organización Me Too Brasil, ONG que reveló que varios incidentes, incluyendo contactos físicos inapropiados y comentarios ofensivos de tono sexual, habrían ocurrido el año pasado y son de conocimiento público entre miembros del gobierno. La funcionaria declinó hacer comentarios.