Se concentrarán este jueves desde las 11 en la puerta del Congreso.
La medida se enmarca en la semana de lucha que comenzó este lunes en diferentes provincias. Los prestadores denuncian que cobran sus honorarios con una demora de entre 60 y 120 días, lo que no solo afecta su economía diaria, sino que también implica una fuerte pérdida del valor adquisitivo de sus ingresos debido a la inflación.
Además, reclaman que el nomenclador nacional -que establece los valores de las prestaciones- no se actualiza desde 2024, lo cual profundiza la precarización de quienes trabajan en este ámbito.
A esto se suma la incertidumbre respecto a la continuidad de las prestaciones para 2025. Los prestadores exigen que las obras sociales garanticen los servicios y coberturas planificadas, para evitar que miles de personas con discapacidad queden sin atención.
Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires (Ataecadis), explicó que “este es un paro autoconvocado” y nace de “la desesperación” de los prestadores por la falta de pago y la falta actualización del nomenclador.
«El último aumento fue hace seis meses y fue de un 0,5 por ciento», explicó el transportista al detallar que “hoy el litro de nafta está 1550 pesos y nos están pagando 500 pesos el kilómetro recorrido. En diciembre de 2023, el litro de combustible estaba 320 y nos pagaban 280, estamos muy abajo”, sentenció.
En este sentido, explicó que el Directorio de Sistema de Prestaciones Básicas es quien debe definir las actualizaciones que luego deben abonar las obas sociales “pero no se reúne, y desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) nos dicen que no hay plata”.
La situación es más compleja aún en los hogares y centros de día que por estas horas ya no pueden pagar sueldos. En estas instituciones las personas con discapacidad desayunan, almuerzan, meriendan y cenan, y necesitan de materiales e insumos para diferentes actividades, por lo que se ven gravemente afectadas por la no actualización de los aranceles que determina el nomenclador.
La frase, cargada de impotencia y cansancio, resume con precisión quirúrgica lo que viven cientos de profesionales del país: aranceles congelados desde diciembre, pagos que llegan a los 90 o 120 días, autorizaciones frenadas sin explicación y una burocracia tan cruel como insensible que convierte cada trámite en una odisea.
Finalmente Brancatto anunció que el jueves 29 de mayo estarán en el Congreso a la espera de que salga la Ley de Emergencia en Discapacidad que trataría la Cámara de Diputados de la Nación, porque “no pueden dejar sin estos servicios a las personas con discapacidad”.
«Los prestadores estamos hasta la nuca, por así decirlo, las personas con discapacidad y sus familias están en una situación realmente crítica», afirmó María Eugenia Gómez, licenciada en psicopedagogia.
Además, explicó: «Estamos en una encrucijada, porque más allá de los honorarios, nosotros respondemos a una ética profesional. No queremos ser funcionales a este sistema que termina vulnerando un montón de derechos de las personas con discapacidad. De ahí salió la movida de juntarnos todos los centros por zona. Aprendemos jugando, intentamos en las últimas de las instancias que implique una reducción de terapias para las personas con discapacidad».
Mientras tanto, las familias de niños con discapacidad ven cómo sus hijos quedan a la deriva. Sin terapias, sin acompañamiento, sin respuestas. «La verdad que a mí particularmente lo que más me duele es el tema de cómo nos llegan las familias, en el estado de abandono que nos llegan esos niños. Uno tiene que contener, no solamente desde lo administrativo, es un peso enorme por todo lo que tienen que atravesar las familias con personas con discapacidad», dice Gómez, con la voz entrecortada. «Y eso es lo que más me duele: contener desde lo terapéutico, pero también desde lo humano, cuando el Estado les soltó la mano».
El proyecto de ley, impulsado por el diputado nacional Daniel Arroyo, se debatirá en la Cámara de Diputados este jueves 29 de mayo. El objetivo es declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad ante el recorte de más de 200 mil pensiones no contributivas y el desfinanciamiento sostenido del sector.
La emergencia establece la definición de un presupuesto para actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares) y los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres protegidos y que actualmente cobran 28 mil pesos mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023.
A su vez, el proyecto de ley solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500 mil solicitudes.
La sesión en la Cámara de Diputados, pedida por la oposición, esta prevista para el jueves a las 11 horas y, en caso de que obtenga media sanción, deberá pasar a votarse en el Senado.
