El vocero presidencial, Manuel Adorni, especificó que cualquier inmigrante con condena será expulsado del país y que correrá el mismo destino aquel que mienta en la información para el ingreso.

“Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero, pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza de expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio”, sostuvo en un anuncio sin preguntas a la prensa.

Ante la mirada de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, ubicados en la primera fila de la sala, Adorni detalló: “De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazo por las autoridades migratorias y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados”.

La Argentina no será tierra fértil en el ingreso de los delincuentes. Además, todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado sea el delito que sea y se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones que hoy resultan eternos. El que las hace las paga”, sumó.

Asimismo, ponderó: “Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen y permanecen en las buenas de la ley, que vienen a trabajar, a forjar su futuro, no es justo para ellos que permitamos que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley”.

“A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud, y quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago», puntualizó, y sumó: «También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios si así lo desean, respetando la autonomía universitaria”,.

Sin brindar mayores detalles de las modificaciones que saldrán a través de un decreto, prometió requisitos “más severos” para obtener la residencia permanente y la ciudadanía que, aclaró, “solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante dos años en el país sin abandonar el territorio nacional”.

“Quienes entran o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora”, anticipó.

1.700.000 inmigrantes ilegales

El funcionario, cuestionó además la normativa inmigratoria actual al precisar que «invita al caos y al abuso de muchos vivos que lejos están de venir al país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad”.

“Hoy, entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles. En los últimos 20 años, ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente a la población del Partido de La Matanza o la provincia de Tucumán”, denunció.

Por su parte, subrayó: “La Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma regular. Hoy cualquier condenado con una pena menor de 3 años puede ingresar a la Argentina”.

En otro pasaje de la breve comunicación, Adorni habló de los “famosos tours sanitarios”, y expuso que solo en un año, ocho hospitales nacionales destinaron “114 mil millones de pesos en atender extranjeros”.

“Hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley, con la norma vigente, cualquier inmigrante condenado por un delito con pena menor a cinco años puede seguir viviendo en la Argentina para peligro de todos los demás”, concluyó.

La reforma en la política migratoria forma parte de uno de los anticipos que el presidente Javier Milei anticipó en la Apertura de las Sesiones Ordinarias en el Congreso Nacional.

Lo cierto es que el vocero, en calidad de candidato a legislador porteño, utilizará sus habituales conferencias para realizar anuncios y concluir la última semana electoral con novedades que intentará capitalizar en su imagen.

El plato fuerte tendrá lugar el jueves, el día previo a la veda, cuando desde el salón de conferencias brinda detalles del blanqueo de dólares en el que trabaja el Ministerio de Economía con la idea de que los ahorristas reingresan al circuito transaccional sus ahorros en divisas fuera del sistema bancario.