Y como ejemplo de esa situación, la UART indicó -en un comunicado- que «sólo en el último año, la industria del juicio impulsó demandas por el equivalente a 6.891.653 salarios mínimos«.

Al explicar la gravedad de la situación que padece el sector, la entidad empresaria indicó que « solo en 2025 se estima que se superarán las 130.000 nuevas demandas, lo que implica más de 10.000 juicios por mes. Lideran este fenómeno la Provincia de Buenos Aires (40% de las causas), CABA (19%) y Santa Fe (14%), con crecimientos preocupantes en Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y San Luis».

El “costo argentino”

La UART también indicó «algunos números para tener dimensión del impacto negativo de la litigiosidad en el costo laboral argentino, y cómo esto tiene un impacto directo en la creación de empleo».

Y agregó: «Desde junio de 2024 a mayo de 2025 se contabilizaron 126.700 juicios. Considerando el valor de sentencia promedio y el valor del SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil) a junio de 2025 ($ 313.400.-), la litigiosidad anual representa 6.891.653 salarios mínimos. Esto también es el ´costo argentino`”.

En este sentido, la entidad se pregunta «¿Cuál es entonces el detonante?» de esta avalancha de demandas. Y responde; «La combinación de pericias médicas judiciales infladas —que superan en promedio en 12,5 puntos el Baremo vigente— y tasas de interés judiciales desproporcionadas que convierten cada juicio en una oportunidad financiera sin igual, no en un reclamo legítimo».

«La situación es absurda»

“La situación es absurda. A pesar de la baja en los accidentes y fallecimientos en el ámbito laboral y de que el sistema ofrece coberturas superiores a las de muchos países, con atención médica integral sin costo adicional, actualizaciones automáticas y compensaciones para todas las incapacidades, la litigiosidad sigue escalando sin lógica ni fundamento”, advierte Mara Bettiol, presidente de la UART.

Bettiol advirtió que “Al stock de 290.000 juicios a dic 2024, se suma el flujo estimado de 130.000 juicios para 2025. No hay sistema ni empresas capaces de sostener esta friolera de judicialidad que erosiona competitividad, productividad y empleo”.

Demora en la creación de Cuerpos Médicos Forenses

La Ley 27.348 de 2017 prevé la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes. Sin embargo, la UART denunció que «ocho años después, salvo excepciones parciales como Mendoza, 17 provincias adheridas a la norma —incluyendo CABA— aún no los han implementado. En su lugar, las pericias judiciales se determinan sin control ni estándares de ningún tipo y los peritos cobran en función del porcentaje de incapacidad asignado, alimentando un circuito perverso de incentivos».

Además, la entidad resaltó que en «las provincias que sí cuentan con peritos dependientes del poder judicial —como Salta y Río Negro— exhiben índices de litigiosidad notablemente inferiores a los de sus vecinas con condiciones socioeconómicas similares. La experiencia demuestra que, cuando se implementan los CMF, el sistema recupera equilibrio».

El desafío del sistema a casi 30 años de su creación

Por último, la UART señaló que «a las puertas del trigésimo aniversario, el Sistema de Riesgos del Trabajo enfrenta el desafío más complejo desde su creación. Todos los actores —empleadores, trabajadores, aseguradoras y el Estado regulando y fiscalizando— han cumplido su parte. Solo resta que el Poder Judicial complete el último eslabón para que esta política pública exitosa no se vea truncada por intereses ajenos a su propósito».

Y concluyó que los integrantes de la entidad apuestan «a que en 2026 podamos celebrar tres décadas de logros, con un modelo más justo, previsible y sostenible. Un modelo que, lejos de colapsar por inacción, sea el punto de partida para ampliar derechos y generar más trabajo de calidad en la Argentina que viene».