Mientras más de 100 buques siguen amarrados, crece la tensión entre sindicatos y empresas pesqueras. Amenazas, allanamientos y miles de familias afectadas en todo el país.

Fuente. https://www.diariopopular.com.ar/

La crisis del langostino no encuentra salida y se profundiza. La actividad pesquera lleva cuatro meses de parálisis formal y casi un año con más de un centenar de buques amarrados. Las consecuencias son graves: exportaciones frenadas por más de 200 millones de dólares y un impacto económico directo sobre unas 5.000 familias que viven de esta actividad en distintas regiones del país.

La última semana sumó nuevos episodios de fuerte tensión. Manifestaciones cruzadas entre gremios, amenazas de muerte a trabajadores, allanamientos judiciales y divisiones internas en el frente sindical marcan un escenario de conflicto creciente.

Ayer, afiliados del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) protestaron frente a la sede del Sindicato de Capitanes de Pesca en Mar del Plata. El gesto no fue menor: expone las fracturas profundas dentro del universo gremial marítimo.

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Mientras tanto, en Puerto Madryn, al menos cuatro marineros denunciaron haber recibido amenazas de muerte tras aceptar firmar contratos con la empresa Conarpesa. El caso fue denunciado públicamente por el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, quien expresó en sus redes: “Amenazar de muerte a un laburante es traspasar todo límite”. Además, confirmó que ya se iniciaron acciones penales y que la Policía local realizó dos allanamientos en los que se incautaron teléfonos móviles que podrían aportar pruebas sobre el origen de los mensajes intimidatorios.

Desde la Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina respondieron con un comunicado en el que repudiaron los hechos: “Rechazamos la violencia y extorsión contra trabajadores que quieren ejercer su derecho a trabajar. No es el camino para construir paz social ni fomentar el empleo argentino”.

El centro del conflicto sigue siendo el desacuerdo en torno al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). El SOMU y el Simape se niegan a renegociar los pagos por producción, el componente clave en el salario de los tripulantes. Ambos gremios insisten en que ya firmaron aumentos sobre los básicos salariales, pero las cámaras empresarias aseguran que los valores actuales son inviables.

Oscar Bravo (SOMU) fue enfático: “No hay nada legal que firmar fuera del convenio ya vigente”. Por su parte, Pablo Trueba (Simape) acusó a las cámaras de “querer romper la paz social”.

Frente al estancamiento general, hubo una excepción. La empresa Buenos Aires Pesca SA logró un acuerdo con los dos gremios para que zarpen dos buques tangoneros bajo un esquema transitorio que respeta el actual CCT. Sin embargo, se trata de una salida puntual, que no resuelve el conflicto de fondo.

Las cámaras advierten que no existen condiciones de seguridad para salir a pescar bajo acuerdos individuales. “Los trabajadores están amenazados”, denunció un empresario. Además, alertan que el costo laboral ya representa el 60% de la operación y que continuar sin actualizar el convenio vigente -en especial los ítems ligados a la producción- llevaría a operar con pérdidas.

Un dato clave: los sindicatos de Capitanes y Maquinistas sí aceptaron revisar los valores de producción, que aún se calculan con un precio por kilo de langostino fijado en 2005 (USD 12), cuando hoy el precio real ronda los USD 6. Esa diferencia muestra la desactualización del sistema actual y el origen de gran parte del conflicto.

Mientras tanto, la temporada de langostino sigue sin despegar, la industria acumula pérdidas millonarias y miles de familias siguen esperando una solución.