Exigen explicaciones a Mariano Cúneo Libarona por el faltante de patentes
La diputada Marcela Campagnoli presentó un pedido de acceso a la información para que el Ministerio de Justicia explique por qué aún no se normalizó el sistema.
Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/
El faltante de chapas patente para vehículos se transformó en un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno y la oposición. La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) presentó un pedido formal de acceso a la información pública para exigir respuestas al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ante una situación que ya afecta a miles de ciudadanos en todo el país.
“El Estado no puede seguir fallando en cuestiones básicas que afectan la vida cotidiana de los argentinos. Es inadmisible que quienes hacen las cosas bien terminen perjudicados por la ineficiencia del Gobierno”, expresó la legisladora, respaldada por la Ley 27.275, que garantiza el derecho ciudadano a acceder a información pública.
El reclamo apunta a esclarecer los motivos detrás de la escasez de patentes, conocer los plazos previstos para solucionar el problema y obtener detalles sobre la cantidad de dominios provisorios actualmente en circulación. Campagnoli también solicitó información sobre el proceso de licitación que derivó en la adjudicación del servicio a la empresa Tönnjes Sudamericana S.A., así como los antecedentes de los proveedores anteriores y las causas de su reemplazo.
La diputada recordó que el propio Ministerio de Justicia se había comprometido a normalizar el sistema en mayo. “Ese plazo venció hace tiempo y el problema persiste. Queremos saber por qué no se cumplió con ese compromiso y qué medidas se están tomando para resolverlo”, subrayó.
El reclamo de Campagnoli fue respaldado por otros legisladores, quienes advirtieron que la falta de patentes genera serios perjuicios a ciudadanos que han cumplido con todos los requisitos legales, pero aún así se ven impedidos de circular legalmente con sus vehículos. Además, alertaron sobre el riesgo de sanciones para quienes se ven obligados a manejar con documentación provisoria.
“La responsabilidad del Estado es garantizar el cumplimiento de la ley y facilitar la vida de quienes la respetan. No puede ser que una gestión ineficiente genere consecuencias negativas para los ciudadanos”, concluyó la diputada.
Mientras tanto, los usuarios del sistema automotor siguen esperando una solución definitiva a un problema que, lejos de resolverse, expone una vez más las fallas estructurales en la gestión de servicios esenciales.
