La solicitud se produce en el marco de las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 ( TOF 2) en cuanto a las personas que deseen visitar a la también exvicepresidenta y no se encuentran incluidas en el listado presentado por la defensa de la condenada hace una semana.

Según confirma Clarín, este martes ingresó ante el juez Jorge Gorini, responsable de la causa, un pedido para que se autorice el ingreso del presidente de Brasil al departamento de San José 1111. También se informó que este miércoles llegará a la Argentina la comitiva oficial del presidente brasileño y en ese marco, ingresó el escrito en Comodoro Py.

Hace unos días, en Buenos Aires, el diputado brasileño Paulo Pimenta, del Partido de los Trabajadores (PT) y exministro de información en el Gobierno de Lula, había asegurado que Lula pretendía visitar a Fernández «en los primeros días de julio».

Hace una semana, y en cumplimiento a las reglas de comportamiento que se le fijaron a Cristina Kirchner cuando se ordenó su detención bajo la modalidad de domiciliaria, el abogado Carlos Beraldi presentó un listado donde detalló nombres de familiares, abogados, médicos y custodios que podían ingresar a ver a la expresidenta. Algo que había exigido el TOF 2.

El pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola

Por su parte, este lunes, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, que actuaron en el juicio por el que la Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, solicitaron este lunes a la Justicia que revoque el beneficio de prisión domiciliaria otorgado a la exmandataria y que cumpla su condena en una unidad penitenciaria común.

Los fiscales realizaron una presentación ante la Cámara de Casación Penal y que solicita que «se revoque el arresto domiciliario de Cristina Elisabet Fernández para que continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria».

Luciani y Mola buscan impugnar el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, del pasado 17 de junio, que dispuso la detención de la exmandataria bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su vivienda de Buenos Aires.

Los fiscales sostuvieron que la medida debe ser revocada porque «no se verifican las causales que habilitan el acceso» a la prisión domiciliaria, en términos de seguridad y cumplimiento efectivo de la pena, tal como fue solicitado por la defensa.

Según argumentaron, el domicilio no garantiza condiciones mínimas de seguridad, tanto para la convivencia en el barrio como para la integridad de la propia condenada.

De no prosperar el pedido de revocatoria, los fiscales propusieron que al menos se disponga el cumplimiento de la prisión domiciliaria en un lugar distinto, que ofrezca garantías de seguridad adecuadas.

Además, solicitaron que se establezcan pautas de conducta más estrictas hasta que se defina la modalidad definitiva del cumplimiento de la pena.

Este pedido tiene lugar tras una polémica desatada tras la detención de la expresidenta en torno al uso de su balcón, desde donde saludó en numerosas ocasiones a los seguidores que se concentraron en las inmediaciones de la vivienda tras la entrada en vigor de su condena, y que finalmente sí podrá utilizar pero con «prudencia» para evitar «perturbar la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes», según dictaminó la Justicia.