Al inicio de la sesión, juró como convencional Pablo Miguez, de La Libertad Avanza, quien no lo había podido hacer en la preparatoria por no tener los documentos que acreditaban su licencia en su puesto laboral. Otro convencional en esta situación es Juan Carlos Montiel, quien aún no pudo prestar juramento.

Otra novedad fue la comunicación oficial de que Gabriela Neme y Guillermo Evans forman parte del bloque de La Libertad Avanza, junto a Atilio Basualdo, el mencionado Miguez y Sofía Fridman, a pesar de que accedieron a sus bancas por el lema Frente Amplio Formoseño. El bloque libertario, entonces, pasa a tener cinco miembros y ser la primera minoría, quedando el FAF con cuatro integrantes.

En otro momento clave, el convencional Francisco Paoltroni, en su única participación, pidió la intervención federal a la provincia, tras lo cual se levantó de su banca, a la que no regresó por el resto de la sesión. Rodrigo Vera advirtió que no está permitido hacer esto según el reglamento y pidió sanciones para el senador.

Artículos

El primer punto abordado fue la modificación del Art. 8, que, con el voto mayoritario del oficialismo, incorporó a la Constitución Provincial como causas provinciales al Ramal C-25, el Gasoducto del NEA y el Acueducto, sumándolas a las causas nacionales Malvinas y Río Pilcomayo, y a la causa provincial de la Reparación Histórica, ya presentes en el texto de 2003.

Gabriela Neme y Guillermo Evans se mostraron en desacuerdo y dijeron que, en lugar de obras públicas, se incluya la defensa del RIMte 29 el 5 de Octubre de 1975 como causa provincial, pero esto fue rechazado por el oficialismo. Rodrigo Vera, por el PJ, respondió que no se trata de obras, sino de “una visión de una Argentina federal”.

A continuación, se introdujeron tres nuevos artículos: el primero de ellos declara como símbolos provinciales al Escudo, la Bandera y el Himno Marcha a Formosa. El segundo marca que el Preámbulo no es una mera enunciación de principios, “sino una fuente interpretativa y de orientación para establecer el alcance, significado y finalidad de las cláusulas de la presente Constitución”. Esto también generó discusiones porque este mismo Preámbulo marca como objetivo “plasmar el Modelo Formoseño”. El tercer artículo incorporado quita el tratamiento honorífico a los magistrados y funcionarios públicos, “electivos o no, de cualquiera sea su investidura como tampoco los cuerpos a los que pertenecieron”, bajo la consigna de que la provincia tiene una democracia popular.

En otro orden, en el texto que actualmente rige de la Constitución provincial, el Artículo 7 establece que “todo representante provincial ante el Gobierno, Congreso o Convención Constituyente Nacionales, así como ante organismos federales, regionales o interprovinciales, propenderá a desarrollar las acciones pertinentes para la defensa, instrumentación y cumplimiento de las Cláusulas Federales del artículo 6 y de los principios y normas sancionados en esta Constitución”.

Este lunes se le agregó que todos los funcionarios públicos deben comprometerse en el ejercicio con la defensa de la autonomía provincial, advirtiendo que quienes no actuaren de esta forma, serán responsables políticamente ante la Legislatura.

La Legislatura leyó este agregado como un intento de blindaje ante pedidos de intervención federal, algo que fue planteado por Gabriela Neme, quien había afirmado que una intervención no afectaba la autonomía provincial, y que la Constitución de Formosa no podía impedir hacer uso de una facultad otorgada por la Carta Magna nacional (de solicitarla).

Desde el oficialismo se respondió que la definición de autonomía en la ciencia política es que un pueblo tiene la facultad de definir sus propias normas y sus propias autoridades. “Cuando pedís que desde afuera te pongan las autoridades, ¿cómo no va a estar dañando la autonomía?”, cuestionó Vera.

Continuó con la modificación de los artículos 9° y 19, que indica que “todos los habitantes de la Provincia son libres, independientes e iguales en dignidad y en derecho. Queda prohibida toda discriminación por razones de sexo, género, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición socioeconómica o política. Queda prohibida toda especie de tormentos, torturas, vejámenes, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los funcionarios o empleados que las apliquen, ordenes, instiguen o consientan”.

Agrega que “La obediencia debida en ningún caso excusa de esta responsabilidad. Los jueces son responsables de velar por el cumplimiento de este precepto hasta la extinción de la pena bajo causal de destitución”.

Comisiones y sesiones

Cabe recordar que, como se había establecido, las comisiones de la Convención Constituyente volverán a reunirse este miércoles a la mañana, mientras que por la tarde habrá una nueva sesión del plenario.

Como el mismo cuerpo lo definió, las comisiones se reunirán los lunes, miércoles y viernes a la mañana, y los mismos días, pero a partir de las 18, sesionarán los convencionales en el recinto de la Legislatura.