Este lunes le secuestraron el teléfono a Nélida Agustina Bisio, directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el marco de un allanamiento por la investigación por el fentanilo contaminado.
Este proceso, que es uno paralelo al principal, busca chequear la relación entre los organismos públicos y el opioide contaminado, que produjo al menos 96 fallecidos. El allanamiento se dio por orden de la fiscal federal Laura Roteta, que tuvo lugar en las instalaciones de la ANMAT.
No solo la ANMAT está en el ojo de la tormenta, si no también otros organismos públicos como el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el Ministerio de Salud, que dejó de ser querellante en la causa.
Sobre el INAME, luego de que se conociera la posible vinculación de su titular, Gabriela Mantecón Fumadó, se decidió su apartamiento.
Para Roteta, los organismos actuaron con “negligencia, connivencia o complicidad” durante los procesos e inspecciones en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes a Ariel García Furfaro. Asimismo, de acuerdo a lo que pudo saber la agencia Noticias Argentinas, todavía se resuelven las indagatorias y las situaciones procesales de los imputados.
Desde hace días los investigadores están detrás de la comprobación de nuevos casos, los cuáles traen aparejada información poco depurada, lo que complica aún más las tareas.
Cambios en los controles de ANMAT tras el caso del fentanilo contaminado
Luego del escándalo por fentanilo contaminado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) amplió y actualizó el listado de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias que deberán incorporarse al Sistema Nacional de Trazabilidad, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y prevenir fraudes, robos y falsificaciones.
A través de la Disposición 6223/2025, el organismo incluyó ingredientes farmacéuticos activos que hasta ahora no estaban contemplados y que representan un riesgo por su potencial falsificación o desvío hacia el mercado negro.
La normativa fija criterios claros para la inclusión o exclusión de sustancias en el sistema, que no se actualizaba desde 2016.
