En su décima sesión, la Convención Constituyente incorporó los derechos de cuarta generación a la Carta Magna Provincial, uno de los aspectos más mencionados desde la aprobación de la ley de necesidad de modificación constitucional, e incorporó a este texto al Tribunal Electoral Permanente.

En un plenario que tuvo muchas discusiones, uno de los primeros puntos disruptivos fue la jura y posterior renuncia, a los pocos minutos, de la convencional Beatriz Chaparro, quien llegó como reemplazante de Gabriela Neme. Ni bien hizo su ingreso, presentó un proyecto relacionado al sistema sanitario provincial y pidió su tratamiento sobre tablas. Al ser rechazada esta moción, anunció su renuncia asegurando que había llegado a la Convención para defender a los trabajadores de este sector.

Por su parte, el convencional Esteban Servín pidió su ingreso a las dos comisiones que trabajan en la Convención y comunicó la conformación de su bloque unipersonal Nuevo País – Formosa Libre.

Tras una extensa jornada de debate, el Cuerpo aprobó modificaciones en cinco artículos de la Constitución Provincial (69, 70, 100, 101 y 171) y además incorporó seis nuevos artículos.

En relación a las modificaciones del artículo 171, los constituyentes aprobaron cambios que amplían los fueros en los que la oralidad puede implementarse progresivamente en los procesos judiciales. En dicho artículo se establece que todos los habitantes tienen el derecho de acceder a la justicia y la gratuidad de los trámites a quienes carezcan de recursos suficientes, avanzando gradualmente hacia el sistema oral en la clase de procesos judiciales que así lo permitan, con audiencias públicas y contradictorias que cumplan el principio de una Justicia efectivamente rápida y eficiente; dispone que la ley determinará la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y que la incorporación de las nuevas tecnologías al sistema judicial tendrá como fin garantizar una tutela judicial efectiva.

Por otro lado, se aprobó la incorporación de tres nuevos artículos al apartado del Poder Judicial de la provincia, que otorgan rango constitucional al Tribunal Electoral Permanente.

El primero establece que el Tribunal estará integrado por tres miembros con categoría y retribución de jueces de cámara del Poder Judicial, con los mismos privilegios, prerrogativas, inmunidades e incompatibilidades que los demás magistrados y funcionarios judiciales.
El segundo dispone que los integrantes serán designados por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo, serán inamovibles mientras mantengan idoneidad y buen desempeño, o hasta cumplir 75 años, y podrán ser removidos por jurado de enjuiciamiento en las mismas condiciones que los demás jueces.

Ciencia y tecnología

En cuanto al artículo 100, que establece el acceso y participación de los formoseños en ciencia, tecnología e innovación, a partir de la nueva redacción se establece que todas las personas tendrán derecho a participar, apropiarse y beneficiarse del progreso científico, tecnológico y de la innovación, conforme a los principios de inclusión digital, sostenibilidad ambiental, ética pública, soberanía tecnológica, justicia social y equidad territorial.

Asimismo, dispone que el Estado debe organizar un Sistema Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación Abierta, promover la formación y radicación de técnicos y profesionales en áreas estratégicas, fomentar la transferencia soberana de tecnología y la apropiación social del conocimiento, impulsar la creación e integración de parques tecnológicos, polos de innovación y sociedades públicas o mixtas, y concertar con la Nación, provincias, municipios, instituciones educativas o académicas, organismos internacionales o estados extranjeros su inserción en redes y proyectos de ciencia e innovación.

Aquí, el convencional Fabián Firmán cuestionó el uso de términos como “apropiarse”, afirmando que se desalienta el desarrollo privado. Desde el oficialismo se remarcó que el Estado garantizará, así como el rédito al privado que genere un avance tecnológico y científico, el acceso a toda la población.

Por estos y otros conceptos, Firmán en reiteradas oportunidades calificó a la Constitución que se está escribiendo como “comunista”.
Por su parte, la reforma del artículo 101 establece que el Estado impulsará la ciudadanía y participación digital mediante acciones positivas que promuevan el uso de tecnologías de la información de modo ético, seguro y transparente, garantizando además el respeto a la dignidad humana y los derechos de la persona en los entornos digitales.

En cuanto a los detalles de las modificaciones, el convencional Muracciole detalló: “Esta propuesta se funda en que entendemos a la economía del conocimiento como un sector estratégico para el desarrollo provincial. Debemos garantizar que todo sector que sea estratégico para el desarrollo provincial siga los lineamientos para que sea un desarrollo con equidad, con inclusión y con justicia social. Con esta modificación, lo que estamos haciendo es darle rango constitucional a la ciencia y tecnología, entendida como una política pública para que se convierta en una herramienta más de desarrollo”.

En línea con las modificaciones que se realizaron en ciencia y tecnología, se incorporaron tres nuevos artículos al mismo apartado. Dentro del primero se establece el rango constitucional de los derechos de cuarta generación, reconociendo que todo habitante tiene derecho a acceder a los mismos, incluyendo servicios de conectividad e internet, con accesibilidad equitativa, asequible y de calidad, garantizados de manera universal y gratuita en el sistema educativo provincial. Además, el Estado promueve formación digital y tecnológica y adopta políticas para asegurar conectividad, alfabetización digital y accesibilidad a grupos vulnerables, con el objetivo de reducir asimetrías y lograr el bien común en la economía del conocimiento.

El segundo artículo impulsa el desarrollo de inteligencia artificial, nanotecnología, biotecnología, robótica y demás tecnologías emergentes, reguladas bajo los principios de soberanía tecnológica, inclusión laboral y apropiación social del conocimiento, garantizando derechos humanos, democracia, control humano, transparencia y evaluación de impacto. El tercero establece que toda persona tendrá derecho a la identidad genética, autodeterminación informativa, privacidad biomédica y habeas data genético, con consentimiento informado, regulación pública, confidencialidad, derecho a corrección y prohibición de uso discriminatorio o comercial, asegurando ética, transparencia y protección en el ámbito científico, sanitario y judicial.

Niños y jóvenes

También se abordaron modificaciones sobre el artículo 70, vinculadas a los jóvenes formoseños como protagonistas de la sociedad actual. En dichas modificaciones se estableció que el Estado garantizará su participación y desarrollo integral mediante políticas públicas orientadas a promover la igualdad real de oportunidades y trato. Además, se enfatiza la creación de espacios de contención, orientación, esparcimiento y escucha, fundamentales para el despliegue de sus potencialidades. La nueva redacción amplía el espectro de derechos reconocidos, incluyendo económicos, sociales, políticos, digitales, intelectuales, cívicos y culturales, y establece una protección explícita contra la discriminación, estigmatización y violencia generacional. Asimismo, se promueven activamente oportunidades para la educación superior, la formación en oficios y la inserción laboral, consolidando un enfoque integral y moderno en la política pública juvenil.

Sobre el proyecto de reforma, la convencional Ana María del Riccio explicó: “Las juventudes no pueden ser entendidas como ciclo de vida, desde una mirada adultocéntrica; o como un tiempo de espera, como una moratoria. Hay que tener una perspectiva y un paradigma renovado y actual, desde una construcción social donde se tiene en cuenta diferentes dimensiones”.

Por último, se abordaron modificaciones sobre el 69 donde se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos y les garantiza su protección integral, asegurando mediante medidas de acción positiva el pleno ejercicio de sus derechos con base en el interés superior del niño y fija que el Estado promoverá acciones con personal especializado en situaciones de vulnerabilidad, garantizando además el acceso a la justicia en condiciones de confidencialidad y eficacia.

“Se trata de alinear la constitución provincial con los estándares internacionales, con evolución doctrinaria y jurisprudencial, que entiende a los niños y adolescentes como protagonistas de sus propias vidas y no como meros receptores de medidas de protección”, concluyó la miembro informante Valeria Méndez.