La estancia La Florencia Este rechaza los pedidos de expropiación de tierras y una ley provincial reciente
Además, la administración de la estancia denunció atropellos por parte de la Legislatura al aprobar una ley “sin fundamentos” que creó un área protegida que afecta casi 100.000 hectáreas de la propiedad, por lo cual iniciará acciones legales para declararla inconstitucional. Asimismo, reiteró su “respeto por las familias que habitan en el lugar”
Ante las recientes declaraciones públicas y versiones difundidas por la conducción de MOCAFOR, pidiendo la expropiación de tierras, además de una ley aprobada en la Legislatura provincial, la estancia La Florencia Este rechazó estos pedidos de expropiación, denunció atropellos y reiteró su respeto por las familias que habitan en el lugar.
La semana pasada, representantes de las comunidades de Florencia Este y Florencia Oeste, en el departamento Matacos, junto al Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), solicitaron al gobernador Gildo Insfrán la expropiación de las tierras que unas 1.000 personas, distribuidas en 150 parajes, se encuentran ocupando en los predios de esa estancia.
Según el referente del movimiento, Benigno López, el petitorio, acompañado de más de 300 firmas, solicita la expropiación de las tierras de Florencia Este y Oeste para su posterior adjudicación a los pobladores históricos de la zona.
“Estos pobladores son descendientes de aquellos que poblaron el Oeste formoseño hace mucho más de 100 años”, enfatizó, añadiendo que La Florencia “representa un latifundio improductivo, de unas 90.000 hectáreas de superficie, donde las familias criollas se dedican a la pequeña ganadería”.
El titular del MOCAFOR advirtió que la situación de los pobladores, que son poseedores pero no propietarios, los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad que las familias que viven en tierras fiscales.
Ante estas declaraciones, en un comunicado enviado a La Mañana, la estancia aclaró que no corresponde ningún pedido de expropiación, dado que la propiedad está plenamente respaldada en términos legales y fiscales. Asimismo, desmintió las declaraciones del dirigente Benigno López sobre supuestos intentos de desalojo: “No existe de parte de la administración ninguna acción de esa naturaleza ni prueba alguna que lo sustente”. También denunció la destrucción dolosa de cartelería que señalaba la prohibición de caza dentro del predio, un hecho ilícito que representa un perjuicio material y una muestra de hostilidad hacia la presencia legítima de la estancia.
En el marco de “los graves hechos y denuncias que involucran tanto a los intereses de los propietarios del inmueble como a las comunidades indígenas que habitan en el lugar”, se aclaró que la titularidad y posesión de la estancia corresponden a la sociedad Estancias La Florencia S.A., propietaria inscrita por escritura pública N° 1 y con todos los impuestos al día.
“Pese a estas situaciones, La Florencia Este ratifica su disposición al diálogo con las comunidades que habitan en el lugar y con organizaciones de la sociedad civil, con el fin de avanzar en la conservación de bosques y fauna nativa y en proyectos de desarrollo sostenible. En ese marco, ya se encuentran en marcha obras de construcción de cisternas para la recolección de agua de lluvia en beneficio de la comunidad Wichí de El Mistolar, y se ha invitado a las comunidades a presentar sus necesidades y proyectos para contribuir con su desarrollo”, expresó la administración.
Por otra parte, la estancia denunció “la negligencia del Gobierno provincial” por haber construido un hospital dentro de sus tierras “y haberlo dejado en estado de abandono”. Con “plena autorización de sus autoridades”, la administración expresa su voluntad de donar las tierras donde se erige dicho hospital y de gestionar ayuda de organizaciones médicas humanitarias para asegurar la atención de la salud de las comunidades que habitan dentro de su perímetro.
“La estancia La Florencia Este reitera que se encuentra plenamente regularizada, con títulos y obligaciones fiscales en regla. Rechaza toda afectación ilegal de sus tierras, denuncia los atropellos sufridos y, al mismo tiempo, reafirma su respeto hacia las familias que habitan el lugar y su voluntad de mantener un diálogo abierto y constructivo en beneficio de todos los actores involucrados”.
Ley
En otro orden, la ley a la que La Florencia pedirá su inconstitucionalidad es la aprobada en abril de este año por la Legislatura, se trata de la creación de una Reserva de Usos Múltiples (RUM) en el marco del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Formosa (Ley Nº 1673) con una superficie aproximada de 96.650 hectáreas, ubicada en el Departamento Matacos. El objetivo es asegurar la preservación de la diversidad biológica de la flora y fauna existente en dicho ecosistema, en convivencia armónica con las actividades productivas de los asentamientos humanos allí radicados.
En los fundamentos, se señala que es una herramienta que posibilitará brindar respuesta a las diversas demandas productivas, económicas y ambientales que se presentan en la zona, además de proteger y fomentar el desarrollo armónico de las actividades productivas que allí realizan las familias.
“El pasado 11 de abril de 2025, la Legislatura de la Provincia aprobó sobre tablas, sin antecedentes ni fundamentos, la Ley 1.741 que afecta a La Florencia Este y La Florencia Oeste (unas 100.000 hectáreas en total) al Sistema de Áreas Naturales Protegidas. Esta decisión se tomó sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley 1.673, que exige la demarcación catastral y la celebración de convenios con los propietarios. La sanción constituye, por lo tanto, una violación a la propia normativa provincial y a los derechos constitucionales de propiedad, resultando a todas luces inconstitucional”, remarcó la empresa propietaria.
Ante lo que calificó como “un atropello”, remitió una carta documento al Gobierno provincial solicitando una reunión que permitiera comprender los motivos de la medida y abrir un canal de diálogo.
La respuesta oficial demoró 60 días y se limitó a una convocatoria futura sin fecha o plazo determinado, “sin argumentos jurídicos ni fácticos, lo que implica una nueva violación a los textos legales”, según declaró la empresa.
Como consecuencia, la empresa iniciará acciones judiciales para declarar la inconstitucionalidad de la Ley 1.741 y reclamar los daños y perjuicios ocasionados, “que lamentablemente terminarán siendo afrontados por los habitantes de la provincia a través de sus impuestos”.
