El Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump inició este martes una investigación contra el Departamento Metropolitano de Policía de Washington acusándolo de supuestamente falsificar las cifras sobre crímenes en la capital.
La carpeta judicial tendría como objetivo determinar si hay funcionarios que “manipularon” estadísticas de crimen reportados por las fuerzas de seguridad de la capital, según publicó la cadena ‘Fox’.
La investigación pasa durante la toma, por parte de Trump, del control federal de la Policía capitalina, justificándolo bajo una “Emergencia de Seguridad Nacional” con la que desplegó más de 800 agentes de la Guardia Nacional, argumentando una supuesta crisis de “crimen fuera de control”.
Según el republicano, estas acciones son necesarias debido a la “ola de delitos” que sufre la ciudad, afirmaciones rechazadas por las autoridades locales, que advierten que según las cifras actuales en realidad los crímenes bajaron desde el repunte de 2023.
En 2025, la Policía de Washington reportó una tendencia a la baja en el crimen con 99 homicidios cometidos hasta agosto de este año, un 12% menos que los 112 registrados en 2024, cifras que representan los registros de crimen violento más bajos de la ciudad en las últimas tres décadas.
Trump y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, protagonizaron un pulso por el control de la ciudad. Primero, el presidente intentó colocar la Policía bajo el control de la Administración de Control de Drogas (DEA), pero tras una denuncia del fiscal para el Distrito de Columbia, Brian Schwalb, el Gobierno se vio obligado a retroceder.
Los primeros datos tras la toma de control federal en Washington
Desde que comenzó el control federal de la capital se registraron 465 detenciones, 68 armas incautadas y se presentaron cargos por homicidios, narcóticos y otros delitos menores, según los datos oficiales compartidos por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
Además, está previsto que, a finales de esta semana, lleguen a la capital soldados de la Guardia Nacional de los estados de Carolina del Sur, Luisiana, Misisipi, Ohio, Tennessee y Virginia Occicental, con el objetivo de reforzar la operación federal, según anunciaron los gobernadores republicanos de dichos territorios.
